Como el caminito lo tiene muy bien aceitado, al igual que a los magistrados que dan entrada a sus peticiones, tras la publicación del llamado plan B en el Diario Oficial de la Federación y su entrada en vigor (a partir del 3 de marzo de 2023), en cuestión de horas la derecha promovió 52 juicios, y contando, contra las nuevas disposiciones en materia electoral, aprobadas, dicho sea de paso, por el Congreso.

Como no pudo frenarlo en el Poder Legisla-tivo, la derecha recurre al Poder Judicial (esta vez en específico al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación –TEPJF–, creado en el sexenio zedillista), como lo ha venido haciendo desde el inicio de la presente administración para frenar el avance de las acciones de gobierno, en su intento, hasta ahora fallido, por evitar lo que el Poder Ejecutivo y el Congreso decidan.

No es novedad, pues por ese mismo sendero ha caminado la derecha, en las diferentes modalidades que permite la ley, para, entre tantos otros “esfuerzos” –hasta ahora fallidos–, echar atrás la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), e impedir la construcción de obras de infraestructura como el Tren Maya, la Refinería Olmeca y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, sin olvidar las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, la catarata de amparos concedidos a un nutrido grupo de empresas privadas (con muy pocos dueños), especialmente trasnacionales, y mucho más.

La Jornada (Fabiola Martínez) informó que “el viernes pasado, primer día de vigencia de la reforma, empezó a crecer el número de juicios que deberá resolver el TEPJF y hasta la noche del sábado se contaban medio centenar de juicios, aunque la información disponible no ofrece detalles sobre el carácter de los demandantes, quienes interpusieron el trámite desde distintas entidades federativas”.

El punto es que la derecha se niega a que le modifiquen un milímetro el jugoso negocio por ella armado durante el régimen neoliberal. Ahora, con el nuevo gobierno, de la nada han surgido “asociaciones”, “grupos” y “ciudadanos libres” “inconformes” con las modificaciones legales en materia de energía, la cancelación del NAIM, Dos Bocas, Tren Maya, compra de medicamentos en el exterior, revocación de mandato, la consulta popular y muchísimos casos más, casi todos ligados al sucio circuito político-económico-judicial-mediático que pretende constituirse en el verdadero poder en el país y desechar el emanado del voto popular.

Toca el turno a las modificaciones contenidas en el plan B, y como en esta materia no hay amparos entonces la derecha recurre al “juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano” (este es el término legal) y lo que se le ofrezca. Eso sí, exige rapidez o lentitud, según sea el caso.

Por ejemplo, en la fraudulenta elección presidencial de 2006, permanentemente se denunció la propaganda ilícita de la cúpula empresarial a favor de Borolas. (“Es necesario mantener las políticas que se han ejercido en los últimos 10 años; apostarle a algo distinto implicaría retroceso”). Fue algo escandaloso, pero el del TEPJF (entonces presidido por Leonel Castillo González, a quien sucedió Flavio Galván Rivera) no llevaba prisa y metió el freno: tardó más de dos años en calificar de ilegal la participación de dicha cúpula en clara violación de la ley electoral, pero se pronunció cuando ya nada había qué hacer, pues el daño llevaba dos años en Los Pinos. Aun así, la multa no fue para el sector privado, menos para Borolas, sino a los partidos políticos que se beneficiaron con tales acciones (PAN, PRI y PVEM).

Ahora, las quejas de la derecha son re-sueltas en cuestión de minutos, pues la circunstancia así lo exige. Cómo olvidar, por ejemplo, los amparos que, a destajo, concedieron los jue-ces Gómez Fierro y De la Peza a las empresas privadas del sector eléctrico, con Iberdrola a la cabeza (362 en apenas dos meses, número que aumentó según corría el calendario), sólo para que el segundo tribunal colegiado anulara esas “cortesías”.

Entonces, no es sólo lo electoral.

Las rebanadas del pastel

A ver si es cierto: la Fiscalía General de la República procederá en contra de cuatro jueces federales que generosamente se pronunciaron a favor de Rosario Robles, Ramón Sosamontes, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y cuatro abogados en colaboración con Julio Scherer Ibarra. Bien, ¿y los de Cárdenas Palomino, la esposa de García Luna y…?

Twitter: @cafevega