Sometida a más de 900 sanciones, con bienes congelados por 34 mil millones de dólares y pérdidas de ingresos que superan los 230 mil millones de dólares, la República Bolivariana de Venezuela mantiene su batalla por preservar la revolución que impulsó el comandante Hugo Chávez y que décadas de asedio de Estados Unidos y sus aliados no han logrado derrotar.

Aquejado por un cáncer detectado dos años antes, Chávez dice a su pueblo en diciembre de 2012 que su “opinión firme, plena como la Luna llena”, es que Nicolás Maduro sea elegido en comicios en caso de que “se presentara alguna circunstancia sobrevenida que a mí me inhabilite para continuar al frente de la presidencia”.

Maduro asumió interinamente el cargo tras la muerte de su mentor y triunfó abrumadoramente en elecciones celebradas en abril de ese año.

Tras acusar, sin pruebas, que la contienda electoral de 2018 en la que Nicolás Maduro logró un nuevo mandato fue fraudulenta, la oposición designó al líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como “presidente legítimo” en enero siguiente, nombramiento sin valor constitucional, pero que fue reconocido de inmediato por Estados Unidos y unas 50 naciones.

Tres meses después, tras fracasar movilizaciones que incluyeron el intento de ingresar por la fuerza “ayuda humanitaria” provista por Washington y una gira por naciones latinoamericanas gobernadas entonces por la derecha, Guaidó, junto con un reducido grupo de militares, no logró derrocar a Maduro.

El apoyo internacional estuvo acompañado de un incremento de sanciones. Más aún, Guaidó tomó el control de los activos bloqueados en el extranjero por las medidas punitivas contra la república bolivariana, y nombró “juntas administradoras” para la estatal petrolera PDVSA, su filial estadunidense Citgo y el Banco Central, paralelas al gobierno constitucional.

Puso la mirada en las reservas de oro. Gobierno y oposición se enfrentan desde 2019 en una saga judicial por el acceso a 31 toneladas de oro, valoradas en más de 900 millones de dólares, custodiadas en las bóvedas del Banco de Inglaterra desde hace años.

La justicia británica falló en julio pasado que las reservas deben ser entregadas a los opositores; no obstante, el gobierno bolivariano expuso que pretendía vender parte de esos recursos para financiar la emergencia del coronavirus y reforzar el sistema de salud deteriorado por años de crisis económica.

El respaldo foráneo a Guaidó se diluyó. Si bien la administración de Joe Biden mantenía la línea de su antecesor Donald Trump de reconocer al “gobierno interino”, envió delegados a reunirse con Maduro en medio de la crisis desatada por las sanciones aplicadas contra Rusia tras su invasión a Ucrania, mientras gobiernos de América Latina, como Argentina, Brasil y Colombia, viraron hacia la izquierda.

El gobierno de Maduro y la oposición, que retomaron recientemente negociaciones formales en México, firmaron en diciembre pasado un primer acuerdo para liberar unos 3 mil millones de dólares bloqueados a fin de poder usarlos en proyectos sociales.

Washington flexibilizó su asedio. Chrevon fue autorizada a retomar sus actividades en las cuatro empresas conjuntas que tiene con PDVSA, aunque el Departamento del Tesoro aclaró que la estatal venezolana no debe recibir ingresos por las ventas de la compañía estadunidense.

Para noviembre pasado, Venezuela producía 693 mil barriles de petróleo por día (bpd), según cifras de la Organización de Países Exportadores del Petróleo.

Sus reservas petroleras, las mayores del mundo, ascienden a 270 mil 703 millones de barriles de crudo, de las cuales 2 millones corresponden a gas húmedo, 76 millones a crudo condensado, mil 609 millones a crudo liviano, mil 202 millones a crudo mediano, 8 mil 299 millones a pesado y 259 mil 515 millones a extrapesado, de acuerdo con PDVSA.

En enero pasado y ante su incapacidad para asumir las riendas del poder, la oposición decidió eliminar la figura del “gobierno interino” encabezado por Guaidó. “No estamos claudicando. Estamos siendo realistas”, dijo entonces el ex diputado Tomás Guanipa.

Los integrantes de la Asamblea Nacional elegida en 2015, cuyo mandato ya caducó, decidieron en cambio mantenerse y nombrar una comisión que definirá el destino de los 34 mil millones de dólares de Venezuela bloqueados.

La presión se mantiene, incluso desde foros de la Organización de Naciones Unidas. Caracas cuestionó en estos días la imparcialidad de la Corte Penal Internacional, cuya fiscalía, “con probados vínculos con organizaciones no gubernamentales”, investiga al gobierno de Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad.

Precisamente ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Venezuela acusó que “ha sido blanco de 927 medidas coercitivas unilaterales y otras disposiciones criminales e ilegales, directas e indirectas”, que han impedido que la nación perciba 232 mil millones de dólares. Sus ingresos petroleros anuales, que alcanzaban 56 mil millones anuales, cayeron a 700 millones de dólares, lo que en palabras de Maduro es “una hecatombe financiera pública”.

Venezuela enfrenta la embestida de “países hegemónicos” que utilizan las medidas coercitivas unilaterales como “armas políticas y económicas” contra países y contra todo aquel que no comparta sus “intenciones expansionistas”, afirmó esta semana el canciller Yván Gil.

(Con información de Ap, Afp, Reuters, Sputnik y Xinhua)