Trabajadores de la empresa Manufacturas VU, ubicada en Piedras Negras, Coahuila, acusaron a un tribunal laboral local de “coludirse” con un sindicato cetemista y la compañía para impedir que emplacen a huelga como parte de la negociación de un nuevo contrato colectivo.

Dirigentes la Liga Sindical Obrero Mexicana señalaron que el juez declaró nulo el emplazamiento de huelga, al dar trámite a una solicitud del sindicato afiliado a la CTM, para recibir firmas y validar si los trabajadores avalaron o no el estallamiento.

Cristina Ramírez, secretaria de Actas de la LSOM sección VU, señaló que con base en documentos con firmas de los trabajadores, el juez “declaró el desistimiento de la huelga” programa para el 8 de marzo. Indicó que la decisión será impugnada por la vía del amparo, a fin de mantener a salvo su derecho de emplazar a huelga.

El asesor jurídico de la LSOM, Pablo Franco, consideró que el tribunal local hace “una interpretación incorrecta de la ley. Es la culminación de una serie de maniobras, para impedir el ejercicio del derecho de huelga”.

Como ya no tuvo otro argumento, mencionó, el juez “adoptó una solicitud promovida por la empresa, por un sindicato que ni siquiera ha sido titular del contrato colectivo”. Además, recibió una serie de firmas a las cuales les da valor sin someterlas a un proceso de escrutinio legal.

En entrevista, el abogado subrayó que el tribunal laboral de Coahuila debió organizar una consulta a través del voto libre, directo y secreto, como establece la reforma laboral, y de esa manera –anotó– “cerciorarse” de cuál era la voluntad de los trabajadores.

No obstante, dijo, no lo hizo, “dio como bueno un documento y no nos dio vista como sindicato, lo cual viola nuestro derecho al debido proceso”.

El conflicto cobra relevancia, debido a que, está en marcha una investigación como parte de una queja laboral del T-MEC, que se activa por segunda vez para este caso.

Francisco Retama, asesor político de la LSOM, acusó que personal de la empresa acudía a las áreas de trabajo de los obreros para “presionarlos” a firmar, con “amenazas de que la empresa iba a cerrar y no serían contratados en otro lado”.

Agregó que a los trabajadores “les ofrecieron dinero” para firmar el documento de desistimiento e, incluso, fueron transportados en grupos de 15 a 20 personas al tribunal local para hacer lo propio en camiones propiedad del líder local cetemista Leocadio Hernández.

La LSOM solicitó al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral extender la vigencia de la constancia de representatividad para proteger el derecho de los trabajadores de Manufacturas VU a la negociación colectiva.