Estudiantes, académicos, trabajadores y egresados de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), que encabeza la doctora Rosa María Torres Hernández, firmaron un manifiesto para apoyar la transformación de esa casa de estudios con un cambio en su figura jurídica que garantice autonomía académica, de gobierno, financiera y de gestión.
El documento, en el que se presenta un análisis de los efectos de la fragmentación en 76 unidades académicas distribuidas en todo el país, destaca los consensos alcanzados en la primera fase de su Congreso Nacional Universitario (CNU), como el rescate del proyecto y el carácter nacional de la UPN; fortalecer y democratizar su vida institucional, y modificar su estatus jurídico, pues actualmente opera como un organismo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública.
Se busca, indicaron docentes y alumnos, una figura jurídica que “asegure el desarrollo del modelo educativo y proyecto académico” de la universidad. Sin embargo, profesores investigadores de esa casa de estudios denunciaron actos de “acoso y hostigamiento laboral contra quienes hemos participado activamente en la defensa del CNU, que en una primera fase concluyó en agosto de 2021, donde se alcanzó un consenso por impulsar un nuevo marco jurídico para la universidad”.
Los afectados, quienes solicitaron el anonimato por temor a mayores represalias, indicaron que en unidades de Tlaxcala, Ciudad de México, estado de México, Sonora, Morelos y Yucatán “enfrentamos una verdadera cacería de brujas por un pequeño grupo de directores y ex directores de unidades académicas”.
Narraron que existe una “persecución que implica cargas de trabajo adicionales, obstáculos al desarrollo de proyectos educativos, traslado a sedes lejanas, despidos injustificados y prácticas discrecionales para retirarnos de las coordinaciones académicas, a lo que se suman campañas de desprestigio, entre otros, sólo por demandar que se respeten los acuerdos alcanzados en el CNU y que se realice su segunda etapa”.
Oposición de “grupos conservadores”
En entrevista por separado, Yuri Jiménez, profesor investigador de la UPN-Ajusco, destacó que el manifiesto se lanzó porque, si bien la Comisión de Educación del Senado de la República sigue trabajando en una propuesta de nueva Ley Orgánica y que desde la subsecretaria de Educación Superior se reiteró nuevamente “el compromiso de impulsar una UPN autónoma, nos preocupa que dentro de la universidad los grupos más conservadores de directores y ex directores sigan generando un clima de confusión y temor frente a esta opción”.
Denunció que sin explicación alguna, desde hace más de un mes “se borró del sitio electrónico de la UPN todos los documentos y conferencias del CNU, que en su primera fase determinó la necesidad de impulsar una nueva figura jurídica, en la que, si bien no hubo consenso, sí una posición mayoritaria para alcanzar nuestra autonomía”.
Agregó que también se entregó a la SEP una carta “con todas las acciones de represalia que han enfrentado diversos compañeros académicos. Esperamos que la autoridad educativa tome cartas en el asunto y revise estos casos que enrarecen el ambiente universitario e impiden una discusión abierta y plural para transformar nuestra casa de estudios”. Al respecto, se buscó la posición de las autoridades de la UPN, pero no hubo respuesta.
