Zacatecas, Zac., Arturo Nahle García, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ), presentó una denuncia penal en la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) contra la empresa Constructora Sara, por la presunta comisión de los delitos de fraude, peculado, abuso de autoridad y tráfico de influencias.

En la denuncia también se incluye a funcionarios estatales que encabezaron la Secretaría de Obras Públicas de 2017 a 2022, en la administración del priísta Alejandro Tello Cristerna (2016-2021) y en el actual gobierno estatal morenista de David Monreal.

Nahle García explicó que en septiembre de 2017 firmó como presidente del TSJEZ, un convenio de colaboración con José Francisco Ibargüengoitia Borrego, titular de la Secretaría de Infraestructura del gobierno de Zacatecas, para la construcción de dos juzgados en materia laboral, en un terreno ubicado en Ciudad Gobierno, en la capital zacatecana.

Sin embargo, Ibargüengoitia Borrego fue relevado de su cargo y ocupó su lugar José Luis Pedroza Ochoa, quien prosiguió con el proyecto hasta 2022, y autorizó pagos y estimaciones millonarias.

Según Nahle García, el Poder Judicial de Zacatecas entregaría el dinero para la construcción de un edificio de seis pisos, y la Secretaría de Infraestructura elaboraría el proyecto, lo concursaría y además se encargaría de supervisar su ejecución.

En octubre de 2017 se firmó el convenio de colaboración y el Poder Judicial erogó un pago inicial de 6 millones de pesos en octubre, apenas un mes después.

Desde entonces y hasta el año pasado, fueron en total 12 pagos: un anticipo y 11 depósitos más para cubrir las “estimaciones”, por el “avance” de obra, que no había, y aun así, “alguien”, ordenaba realizar los pagos, denunció el magistrado.

“Lo más grave, dijo, es que funcionarios menores e ingenieros de la Secretaría de Infraestructura hicieron observaciones críticas a la obra, pues inspectores de la dependencia pública detectaron “errores de construcción en las pilas de cimentación, que tenían grietas y fisuras en pilares descentrados, y se ordenó la demolición de las pilas, pero no se acató”.

Quebranto de 20.2 millones de pesos

Hasta ahora el edificio con seis pisos de 800 metros cuadrados cada uno, no existe, sólo se construyó un sótano y una planta del inmueble que ha costado 20.2 millones de pesos.

El magistrado reveló: “yo, a título personal interpuse la denuncia penal, “porque el Poder Judicial no puede ser juez y parte, ¿me explico?”, además, recordó que “toda persona que tenga conocimiento, de un hecho que pueda constituir un delito, debe denunciarlo. Y yo, Arturo Nahle, en mi trabajo tuve acceso a esta información y vine a denunciar; también iré a la Secretaría de la Función Pública”.

Confirmó que cuando pidió una revisión ante la falta de avances en la construcción total del edificio, de la misma Secretaría de Infraestructura recibió “un dictamen, y al verlo me preocupé y de inmediato me reuní con el secretario (Pedroza Ochoa), quien mandó llamar a toda la gente que trabaja con él, la que estaba en ese momento”.

Refirió que ahí le informaron que conocen esa situación desde 2017, dijeron que eso está mal, hay que demoler los pilotes, y alguien, no sé quién será, ordenó ‘usted sígale y síganle pagando’”.