En décadas recientes se ha intensificado el despojo de recursos y territorios físicos y corporales hacia poblaciones históricamente vulneradas mediante dinámicas de violencia ejercidas por distintos actores, así como a partir de políticas neoliberales y capitalistas en América Latina. Esto ha generado que comunidades campesinas e indígenas se mantengan en resistencia para la protección y cuidado de sus tierras y territorios, puesto que se pone en juego la existencia de sus hogares, sus identidades y sus vidas propias en comunidad.

En México se ha incrementado el número de megaproyectos en el último sexenio, donde los diferentes esfuerzos gubernamentales realizados para incorporar la participación de las comunidades se ha caracterizado por la ausencia de un enfoque integral de derechos humanos. Aunado a ello, la criminalización, hostigamiento e intimidación por parte de las empresas concesionadas y ciertos gobiernos locales ha propiciado mayores situaciones de riesgo para los defensores que salvaguardan los derechos colectivos vinculados a los bienes comunes, sus tierras y territorios.

En su momento, Miguel Concha Malo señaló con acierto que quienes se oponen al desarrollo o construcción de estos megaproyectos son considerados enemigos del Estado, pues es desde ahí que se “motivan campañas de desprestigio que los coloca en especial riesgo, los hace blanco de la fabricación e imputación de delitos, como ataques a la paz pública, robo, oposición a obras públicas o a extracción de recursos naturales, entre otros. Todo ello con el propósito de silenciar sus denuncias y reivindicaciones”, ( La Jornada, 19/3/16).

Es importante citar que desde el 5 de noviembre de 2020 el gobierno mexicano ratificó el Acuerdo de Escazú, que reconoce la defensa de la tierra y territorios e impulsa la protección de quienes se suman a esta lucha. A pesar de ello, las acciones gubernamentales han sido insuficientes para proteger la vida de los defensores, de acuerdo con la organización internacional Global Witness, en 2021 se arrebató la vida a 54 defensores de la tierra y el medio ambiente en México y, en 2022 se sumaron más de 20 personas asesinadas por la misma causa.

Asimismo, se ha identificado que quienes defienden la tierra, los territorios y el medio ambiente padecen intimidación y hostigamiento a través de particulares que operan para las compañías –nacionales y transnacionales–, cuyos principales impactos han sido la desaparición forzada y el desplazamiento de las personas de sus comunidades, ante la omisión del Estado para garantizar su protección. Y es cuando el miedo de tales empresas se ve incrementado debido a las resistencias y las luchas colectivas, que el uso de la violencia y el arrebato de la vida es, lastimosamente, su única vía.

Por tanto, defender la tierra y los territorios es defender la vida misma. Es defender la idea del cuidado de las comunidades desde los cuerpos hasta las semillas; es resistirse a las ideas del progreso y desarrollo capitalista que promueven la destrucción de la colectividad y la falacia del uso ilimitado de la naturaleza sin consecuencias. Es oponerse a un sistema económico que pretende generar ganancias individuales a costa de la expropiación de bienes comunales con el menor costo posible. Es defender la vida y las tierras como bienes que no tienen precio de compra, ni posesión de particulares con intereses neoliberales.

Nombrar y recordar a quienes han dado su vida por la defensa de una vida comunal para sí y para los pueblos es un ejercicio de memoria y dignidad ante la ausencia de la verdad y justicia, para ellas y ellos. Hoy nombramos a Samir Flores Soberanes, Irma Galindo Barrios, Ricardo Lagunes Gasca, Antonio Díaz Valencia, Verónica Patricia Guerrero Vinueza, Juan Carlos Flores Solís, Berta Isabel Cáceres Flores, Joaquín César Mora Salazar, Javier Campos Morales, Rosendo González Torres y Homero Gómez González, entre otras tantas vidas de una extensa lista de luchas que nos hace falta nombrar y honrar. Por ellas y ellos, se vuelve indispensable cuestionarnos los orígenes de las ideas de progreso y desarrollo actuales para preservar el cuidado y protección de la vida, las tierras y los territorios.

Asimismo, que el gobierno mexicano asuma sus obligaciones como garante de derechos humanos de manera integral, generando condiciones efectivas de participación popular desde un enfoque de derechos humanos bajo los principios de adaptabilidad y aceptabilidad para las comunidades. Y, sobre todo, cesar la criminalización, hostigamiento e intimidación hacia defensores de los territorios, brindando mecanismos integrales de protección para que la defensa de la tierra no nos siga costando la vida.