Ciudad de México. La iniciativa de ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación “rompe el paradigma neoliberal del uso de recursos públicos multimillonarios para financiar, sin ningún sentido científico, proyectos privados” que simularon investigación y en la práctica dejaron “sin un solo peso” a la ciencia básica, destacó la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla.

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió el proyecto a la Cámara de Diputados en diciembre pasado.

En un foro sobre la iniciativa, en el Conacyt, Álvarez-Buylla dijo que surgió una campaña mediática contra la propuesta, en cuya elaboración participaron durante cuatro años unas 70 mil personas, que intervinieron en los debates.

La doctora Álvarez-Buylla adujo que “México se ha ido aproximando cada vez más al proyecto de nación con derechos para las personas y vivir con dignidad y paz. El Conacyt ha logrado separar la relación ciencia-mercado, ha dado grandes resultados a favor de la vida y la salud de las personas, recuperando el apoyo fundamental a la ciencia básica, a la ciencia aplicada”.

En el foro también estuvo el director del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval.

La funcionaria replicó a quienes intentan desacreditar la propuesta: es una falacia que se tenga que separar la ciencia básica de la ciencia aplicada.

“La ciencia básica puede generar nuevas formas de solución; entonces, quien quiera convencerlos de que se puede hacer ciencia aplicada o innovación en grandes empresas sin fomentar la ciencia en nuestro país, está mintiendo. Están corrompiendo el principio fundamental de lo que es hacer ciencia”, señaló.

Entonces refirió que para el presidente López Obrador “está clarísimo que la prioridad es integrar esta primera ley general, para que coordine, que sume a favor de nuestro país y así es como se podrá realmente fortalecer la soberanía nacional a corto, mediano y a largo plazos”.

Dijo que entre los puntos medulares están la asignación universal de becas a estudiantes de universidades públicas y la búsqueda de consenso y diálogo “para tener un impacto más eficiente en el desarrollo científico”.