Al participar en la presentación del informe impreso de la Comisión de la Verdad (Comverdad) sobre la guerra sucia en Guerrero, publicado en 2014, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de Gobernación, Alejandro Encinas, reconoció que en ese estado ocurrió “una de las expresiones más cruentas” de ese periodo, en el que la represión alcanzó a movimientos sociales independientes y a toda forma de disidencia.

Ante ello, aseveró, el gran reto a enfrentar es que el Estado asuma su responsabilidad “no solamente con la memoria, la verdad y la justicia, sino en los hechos arbitrarios que cometió” contra la población.

Agregó que la reparación es el punto fundamental, la cual también tiene que ser integral para los familiares de las víctimas, las personas directamente afectadas y las comunidades “que fueron arrasadas por elementos de las fuerzas armadas en aquellos espacios donde había cobertura solidaria y protección a los grupos disidentes”.

En la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Encinas expuso que este informe de la Comverdad es “referente obligado” para la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990, la cual preside.

Esperamos, mencionó, que el trabajo de esta comisión tenga el alcance “que nos permita generar condiciones para que haya actos de justicia, de reparación y, lo más importante: que el Estado mexicano asuma la garantía de no repetición de estos hechos”

Alan García, de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, lamentó que en el caso de la guerra sucia, a 50 años de distancia, hay “una impunidad absoluta”.

Al respecto, en un videomensaje, Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, destacó que “en Guerrero se estableció la escuela de la muerte con la guerra sucia, con el Ejército en las calles”.