Quito. Una comisión legislativa que investigó un presunto caso de corrupción y los supuestos vínculos de allegados al poder con grupos delictivos recomendó ayer que el presidente, Guillermo Lasso, sea sometido a un juicio político por presunta traición a la patria y cohecho.

El informe de la comisión no es vinculante y para que se inicie el proceso contra Lasso resta la aprobación de varias instancias legislativas y de la Corte Constitucional, que deberá calificar las causales.

El grupo de legisladores, en su mayoría de la oposición, analizó por casi tres semanas información acerca de un presunto caso de corrupción denominado El Gran Padrino, que comenzó como una investigación policial a narcotraficantes y derivó hacia posibles nexos de Danilo Carrera, cuñado del presidente, y del ex funcionario Hernán Luque con esos grupos.

“Se ha aprobado el informe con seis votos a favor y uno en contra”, dijo la presidenta de la comisión y legisladora opositora Viviana Veloz. “Cuando la confianza en un mandatario se acaba no hay más remedio que cambiar de gobernante”, agregó.

El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, afirmó que el contenido del informe carece de sustento porque “no hay una sola prueba que no sean conjeturas de medio pelo” y aseveró que la oposición legislativa está jugando a la ruleta rusa para ver si alguna causal surte efecto contra el mandatario.

En el documento de más de 220 páginas la comisión argumentó que existen claros indicios de que Lasso cometió traición debido a que no informó “la aproximación del enemigo”, en referencia a organizaciones criminales trasnacionales ante las cuales no reaccionó a tiempo y que además guardó silencio ante posibles vínculos de las mafias con allegados al poder.

El caso se hizo público en el portal digital La Posta, que reveló una investigación de la policía entre junio de 2022 y enero de 2023, cuando fue archivado por recomendación judicial y de la fiscalía por la falta de elementos contundentes.

Antes del inicio del juicio de destitución al primer mandatario el pleno de la Asamblea debe aprobarlo por al menos 70 votos y luego pasarlo a manos del presidente de ese organismo, quien a su vez debe presentarlo al Consejo de Administración Legislativa.

Si es aprobado, deberá ser enviado a la Corte Constitucional, que verificará si cumple los requisitos constitucionales y si las causales están fundamentadas. Este proceso podría demorar al menos un mes. Si el pedido de juicio es admitido en todas las instancias, deberá volver al Legislativo para iniciar formalmente el proceso, que podría tomar otro mes. Para la destitución, al menos 92 legisladores deben votar a favor de un total de 137.