Ciudad Juárez, Chih., El juez federal Fernando Luévano Ovalle negó un amparo a Francisco González Arredondo, ex fiscal de Derechos Humanos y Corrupción durante la administración estatal que encabezó el panista Javier Corral Jurado (2016-2021), por lo que continuará en prisión como medida cautelar, acusado de tortura sicológica.
Luego de que se detuvo a González Arredondo en noviembre de 2022, su defensa tramitó un amparo ante el juzgado tercero de distrito, con sede en la ciudad de Chihuahua, con el cual solicitó a la justicia federal cambiar las medidas cautelares que se le impusieron, y se le sujetara a prisión domiciliaria.
Pero Fernando Luévano negó el recurso al ex fiscal ocupado de los llamados Expedientes X, estrategia jurídica del ex fiscal estatal César Peniche Espejel y de Javier Corral para castigar actos de corrupción perpetrados en la gestión de César Duarte Jáquez, gobernador priísta de Chihuahua entre 2010 y 2016.
Por el caso de Francisco González, estudiantes a quienes impartía clases de derecho en la Universidad Autónoma de Chihuahua y el ex gobernador Corral Jurado han organizado protestas a su favor.
Alumnos y el ex titular del Ejecutivo estatal afirman que se detuvo a González Arredondo pues éste, siendo fiscal, acusó de corrupta a la actual gobernadora María Eugenia Campos Galván, por recibir 10 millones de pesos en efectivo de Duarte Jáquez, acusación suspendida cuando la también panista asumió su cargo en septiembre de 2021.
Francisco González logró que jueces estatales emitieran más de 20 órdenes de aprehensión contra César Duarte, la mayoría por delitos como peculado. Además, se arrestó a al menos 12 ex funcionarios en la administración de Corral Jurado.
De su lado la bancada del partido Morena en el Congreso local ha denunciado irregularidades que habría cometido la jueza Hortensia García Rodríguez, a quien acusan de trasgredir el artículo 44 del Código Nacional de Procedimientos Penales durante el proceso que se le sigue a González Arredondo.
Los legisladores morenistas afirman que en la audiencia de vinculación celebrada en noviembre anterior, García Rodríguez transgredió el numeral citado al permitir al Ministerio Público dar lectura completa a documentos, “evidenciando parcialidad en favor del estado” para mantener como “preso político” a Francisco González.
Asimismo, atribuyen a Hortensia García permitir que llevara las audiencias un agente del Ministerio Público que no formaba parte de la Fiscalía Especializada en Violación a Derechos Humanos y Desaparición Forzada.
