Desde hace 10 meses, trabajadores del gobierno de Tlaxcala están en “indefensión”, debido a que en dos ocasiones el Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCyA) del estado determinó negar la toma de nota a los comités Ejecutivo y de Vigilancia de la organización sindical que los representa.

El dirigente del sindicato “7 de Mayo” de ese estado, Enrique Escobar Cortez, señaló que al estar acéfala la representación, los burócratas no pueden manifestarse o iniciar una huelga, incluso pueden cambiarlos de centro de trabajo sin previa conciliación.

Indicó que el órgano autónomo les notificó de la negativa de la toma de nota el pasado 24 de febrero con el argumento de que no realizaron la elección del 9 de diciembre de 2022 con base en sus estatutos.

En entrevista, Escobar Cortez explicó que una de las observaciones del TCyA es que no recabaron las dos terceras partes de un padrón de 2 mil 850 trabajadores, es decir mil 900 sindicalizados. Dijo que presentaron mil 700 firmas con base a 33 por ciento que marca la LFT, tal y como la propia autoridad laboral le había ordenado en una reposición de la elección anterior.

Sin embargo, dijo, la autoridad laboral no tomó en cuenta el hecho de que “hay personas que renunciaron, se jubilaron o fallecieron” durante la pandemia de Covid-19.

El secretario general del sindicato mencionó que el segundo motivo por el que invalidó la toma de nota fue porque no realizaron proselitismo, pero en asamblea extraordinaria los trabajadores –indicó– acordaron no hacerlo “para no quedar tanto tiempo sin dirigencia”.

La primera vez que repusieron el proceso ocurrió el 25 de mayo de 2022, pero el Tribunal de Conciliación negó la toma de nota porque “las planillas de votación no tenían nombre de los candidatos, sino sólo color”. En ese mes, también se negó la representación legal al Comité de Vigilancia.

El proceso original, anotó, lo realizaron en diciembre de 2020 y durante dos años desempeñaron sus funciones sindicales con toma de nota legal. Sin embargo, el 9 de mayo de 2022 el tribunal resolvió destituir de la secretaría general a Escobar Cortez, debido a recursos legales que interpuso un grupo antagónico “afín al gobierno del estado”.

Julieta Berruecos, quien ocupó la presidencia del Comité de Vigilancia, anotó que los trabajadores “quedan vulnerables ante actos arbitrarios de sus patrones”.