Ciudad de México. Ante prácticas discriminatorias como la xenofobia, la intolerancia y la no inclusión, el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, afirmó que el órgano judicial está comprometido con la justicia indígena, y no descartó trabajar a favor de traducir a sus lenguas las resoluciones de los procesos en los que estén involucrados indígenas.

Consideró que, toda persona que desempeña un cargo público debe contar con una capacitación permanente, que le permita contar con la sensibilidad necesaria para no revictimizar a quienes han sufrido un delito; así como utilizar criterios orientadores con los cuales se garanticen sus derechos humanos.

“Romper el proceso de la vulneración y proporcionar, en el ámbito de sus atribuciones, una atención inmediata y eficaz que les revista de plena seguridad jurídica es un compromiso”, destacó en la presentación de la Carta de Derechos de las Víctimas de la Fiscalía General de Justicia local, la cual se tradujo en nueve lenguas como mazateco, mixe, náhuatl y mixteco.

El discurso institucional y de los múltiples colectivos que interactúan en la urbe capitalina, señaló, “levantan cada vez más la voz a favor de las víctimas de los delitos, y el rechazo ante actos atroces de abusos de poder en contra de esas mismas víctimas”.

El apoyo que las víctimas se merecen no debe tener cortapisas, por lo que la asistencia social, y asesoría jurídica que brinda el PJCDMX es fundamental para su reparación, afirmó.

Por otra parte, puso en marcha el Taller de Actualización del Protocolo de Estambul, en el Instituto de Servicios Periciales y de Ciencias Forenses (Incifo), dirigido a su personal médico y sicológico de la institución, donde recordó que el órgano judicial capitalino fue el primero en recibir los Principios Méndez, a través de la Asociación para la Prevención de la Tortura, con sede en Ginebra, Suiza.

En el auditorio Miguel Gilbón Maitret, destacó que la observancia de tales principios ha sentado las bases para lograr entrevistas seguras, mediante un interrogatorio eficaz, tendentes a la recopilación de información, orientaciones sobre la práctica del interrogatorio, incluso para personas en situación de vulnerabilidad.

Guerra Álvarez puntualizó que la investigación de la tortura debe ser integral, a cargo del Estado y no de la víctima o su defensa, a partir de reconocer cualquier indicio y teniendo siempre presente los dictámenes médico-sicológicos.