Una jueza de control emitió auto de apertura a juicio en contra de la ex directora de comunicación social de la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ), Elena N, vinculada a proceso por ejercicio ilegal del servicio público tras publicar tuits oficiales con información estigmatizante y discriminatoria en perjuicio de Lesvy Berlín Rivera Osorio, quien fue víctima de feminicidio el 3 de mayo de 2017 en Ciudad Universitaria.
Las asesoras jurídicas del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio y Justicia Pro Persona, AC, informaron que su defensa particular solicitó una suspensión condicional del proceso, misma que no concedió la impartidora de justicia Gloria Hernández Franco.
Ante eso, promovieron otro recurso de apelación, el cual será resuelto por la cuarta sala penal del Poder Judicial de la Ciudad de México, al que “exigimos considere las razones fundadas de las víctimas para oponerse a una salida alterna”.
Tras la audiencia intermedia en las salas orales del Poder Judicial en Santa Martha Acatitla, explicaron que esta determinación se emitió ante el desinterés y negativa de la acusada por reparar el daño moral y dar una disculpa pública.
El plan de reparación presentado consideraba medidas de rehabilitación sicológica y de salud, de satisfacción y no repetición con la elaboración de una propuesta de guía dirigida a las áreas de comunicación social en el tratamiento de la información relacionada con víctimas de violencia en razón de género.
Además, tenía que hacerse un acto de disculpa pública, pero la defensa de la acusada manifestó que no era posible llegar a un acuerdo sobre el plan “porque se trataba de exigencias de las víctimas que su representada no podía cumplir”.
Recordaron que las audiencias se difirieron en tres ocasiones ante la “búsqueda de una salida alterna, establecer un diálogo con las víctimas Araceli Osorio y Lesvy Rivera, padres de la joven, y resolver detalles sobre el plan de reparación”, lo cual no sucedió.
A casi seis años de que la familia presentara la denuncia contra servidores públicos, “exigimos la correcta aplicación de la ley y el acceso a la justicia”.
