Luego de las quejas por falta de pago a empresas que participan en la reconstrucción de viviendas afectadas por el sismo de 2017, el Congreso local exhortó a la Secretaría de Administración y Finanzas a liquidar los adeudos con constructoras, supervisoras, demoledoras y proyectistas que desde 2019 participan como proveedores en el programa de redificación.

En una carta, micro y medianas empresas dijeron que les asignaron obras que “han sido ejecutadas con éxito”, aunque en algunos casos se les adeuda hasta 80 por ciento de la inversión desde hace tres años. Se calcula que se deben más de 150 millones de pesos a 21 corporativos.

En conferencia de prensa con representantes de empresas y vecinos, el arquitecto Aldo Pérez explicó que prefieren llegar a un acuerdo con la Comisión de Reconstrucción antes de ejercer alguna acción penal que podría llevar mucho tiempo.

Se retrasa todo

En tanto, damnificados como Norma Venegas, del predio Baja California 167, y Sandra Martínez, de Río Nazas 169, explicaron que por el retraso de pagos y auditorías la construcción de sus viviendas se tornó lenta, por lo que pidieron resolver lo más pronto posible.

“Lo que queremos es regresar a nuestras casas, si tenemos que apoyar a los señores que no se les ha pagado, lo vamos a hacer. ¿Qué nos queda? Venir aquí y manifestarnos, hablar y unirnos para que ellos reciban el dinero de su trabajo y nosotros nuestra propiedad. Queremos que sea en esta administración, antes de que se vaya.”

Al presentar un punto de acuerdo, el diputado sin partido Carlos Joaquín Fernández expuso ante el pleno el problema con las empresas encargadas de la reconstrucción. Si bien el exhorto era a la jefatura de Gobierno, la presidenta de la Comisión de Reconstrucción, Esperanza Villalobos (Morena), dijo que su propuesta no era viable porque los pagos los hace la Secretaría de Finanzas, al tratarse de un fideicomiso.

Fue así que planteó modificar los puntos resolutivos para exhortar a la dependencia encabezada por Luz Elena González para que pague los adeudos. “Si nosotros lo aprobáramos así sería legalmente improcedente, pero tenemos interés de que esto se solucione y podamos avanzar”, dijo Villalobos, cuya modificación fue avalada por el diputado y posteriormente por todo el pleno.