Ciudad de México. Al participar en la presentación del informe impreso de la Comisión de la Verdad (Comverdad) sobre la guerra sucia en Guerrero, publicado en 2014, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, reconoció que este estado “fue una de las expresiones más cruentas” de ese periodo, en el que la represión alcanzó a movimientos sociales independientes y “a toda forma de disidencia”.

Ante ello, aseveró, el gran reto que se enfrenta es que el Estado “asuma su responsabilidad de los hechos arbitrarios que cometió” contra la población. Éste, agregó, es el punto fundamental de la reparación del daño, la cual también tiene que ser integral tanto para los familiares de las víctimas, las personas directamente afectadas y las comunidades “que fueron arrasadas por elementos de las fuerzas armadas en aquellos espacios donde había cobertura solidaria y protección a los grupos disidentes”.

En la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Encinas expuso que este informe de la Comverdad es “referente obligado” en todos los trabajos de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990, y confió en que ésta “permita generar condiciones para que haya actos de justicia, de reparación y lo más importante que el Estado mexicano asuma la garantía de no repetición de estos hechos”.

En los 18 meses que restan, dijo, “en este gobierno vamos a hacer todo el esfuerzo, lo humanamente posible para que la comisión dé resultados concretos y tangibles, dé respuestas a las demandas y preocupaciones de las víctimas, de sus familiares, de los sobrevivientes y particularmente de toda nuestra sociedad”.

En su turno, Alán García, de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, lamentó que en el caso de la guerra sucia, a 50 años de distancia, se tiene “una impunidad absoluta”.

A su vez, a través de un videomensaje, Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y quien participó en la elaboración del informe de la Comverdad, destacó que “en Guerrero se estableció la escuela de la muerte con la guerra sucia, con el Ejército en las calles”.

No es casual, enfatizó, “que la forma de operar las desapariciones es producto de esa escuela siniestra que se estableció en las instalaciones militares con los vuelos de la muerte (en los que se arrojaban al mar a personas), con los lugares clandestinos donde a la gente desaparecían y asesinaron, con las formas de actuar para amedrentar, reprimir”.

Destacó la lucha de los colectivos y grupos de sobrevivientes y familiares de víctimas que “han tenido esa fuerza para que en Guerreo las tragedias no tengan mayores consecuencias, porque las matanzas y las masacres siguen, como la de El Charco, Aguas Blancas, como las represiones que se han dado con los estudiantes de Ayotzinapa, como la desaparición de los 43”.

Por su parte, algunos de los sobrevivientes y familiares de víctimas que acudieron a la presentación, demandaron justicia y que se busque a las personas que a 50 años de los hechos siguen desaparecidas.

Mar Antonia Morales Serafín, hija de Abelardo Morales, desaparecido en 1974, entregó al subsecretario Encinas una carta escrita por su padre en la que señalaba que se encontraba en el Campo Militar número 1, y le pidió dar con el paradero de su familiar.

“Quisiera que mi mamá —que está muy enferma— sepa dónde está. Quisiera que lo encontráramos… porque para mí encontrar a mi papá es todo y dar justicia a las demás personas. Es una petición no sólo mía, sino de todas las víctimas: que se haga justicia, saber quiénes son los culpables”, expresó.