Ciudad de México. La industria maquiladora asentada en las zonas fronterizas de los estados de Baja California, Chihuahua y Tamaulipas se resistió a dejar de operar durante las etapas más críticas de la pandemia de covid-19. El costo lo pagaron los trabajadores, quienes denunciaron, en muchas ocasiones, deficientes medidas sanitarias en las fábricas y, en consecuencia, múltiples brotes de la enfermedad que derivaron en la pérdida de cientos de vidas, tanto de obreros como de sus familiares.

En Tijuana, Baja California, por ejemplo, del 31 de marzo al 11 de julio de 2020, de cada 100 personas contagiadas morían en promedio 30; mientras, en el resto del país de esa misma cantidad perecían 11. La mayoría de los decesos en dicha ciudad limítrofe con San Diego, California, eran de empleados de empresas manufactureras, revelan estudios del Colegio de la Frontera Norte.

Según declaraciones del entonces secretario de Salud estatal, Alonso Pérez Rico, al 15 de mayo de 2020, gran parte de los fallecidos en la entidad por dicho padecimiento prestaban sus servicios en compañías maquiladoras de exportación, 432 de 519 contabilizados. En abril de ese año, Jaime Bonilla, gobernador en turno, reclamó a las factorías que prefirieran “sacrificar a sus trabajadores antes que sus ganancias”; sin embargo, tiempo después catalogó a casi todo ese sector como “esencial”, por lo que se le permitió seguir con sus actividades para no romper la cadena de suministro con Estados Unidos.

La actual administración estatal, encabezada por Marina del Pilar Ávila, informó que en cuanto a la población económicamente activa o en edad productiva, se registraron en Baja California 2 mil 844 decesos por coronavirus en 2020; mil 640, en 2021; 284, en 2022 y tres en enero de 2023.

A partir del 17 de marzo de 2020, cuando se reportó el primer contagio en la entidad, en Baja California se contabilizan 12 mil 502 defunciones por coronavirus, de los cuales 5 mil 484 corresponden a Tijuana.

Protestas de trabajadores en Chihuahua

En Chihuahua, las maquiladoras continuaron laborando con aforo casi completo aún cuando estuviera en color rojo el semáforo de alerta epidemiológica; incluso, algunas amagaron con cancelar inversiones y trasladar sus líneas de producción a otras entidades, en caso de que les fueran cerradas sus plantas.

En tanto, los obreros protestaron por el incumplimiento en las naves industriales de las medidas establecidas por las autoridades de salud, como la sana distancia; en Ciudad Juárez, entre junio a diciembre de 2020 se realizaron más de 120 paros de labores en las 328 factorías ahí establecidas.

En agosto de ese año, Francisco Salcido Lozoya, dirigente estatal de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, denunció que los responsables de las fábricas pidieron, además, que se presentaran quienes pertenecían a grupos de riesgo, es decir, personas que padecían diabetes, hipertensión y mayores de 60 años.

En esa ocasión, Salcido Lozoya dio a conocer que los trabajadores aseguraban que cuando había un caso sospechoso se les hacían pruebas a los “empleados de ciertos niveles”, pero no a quienes estaban en las líneas de producción, lo que, además de ser una práctica que veían como discriminatoria, ponía en peligro su salud.

Acusó que en Labinal planta dos, que se dedica al ensamble de arneses eléctricos para el sector aeroespacial, hubo siete contagios de coronavirus y los enfermos fueron atendidos en un hospital privado para no informar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); situación que, dijo, era común en varias compañías.

Por su parte, la abogada laboral Susana Prieto Terrazas afirmó que varias firmas no pagaban el salario íntegro al inicio de la contingencia sanitaria, entre los meses de abril y mayo de 2020, y reclamó que había complicidad con autoridades estatales, quienes “maquillaron” la cifra de obreros que fallecieron por la pandemia.

Susana Prieto refirió que al 18 de mayo de 2020 la Secretaría de Salud local reportaba solamente 17 decesos a consecuencia de un brote de SARS-CoV-2 en la empresa estadunidense Lear Río Bravo, dedicada a la fabricación de asientos y accesorios para interiores de automóviles; no obstante, aseguró que sumaban ya más de 200 obreros muertos por el virus en Ciudad Juárez.

Para noviembre de 2020, que fue el momento más grave de la contingencia sanitaria, la Secretaría de Salud confirmaba sólo ocho brotes acumulados en maquiladoras, pero las denuncias públicas de los empleados eran de decenas.

Ese mes el índice de contagio aumentó 120 por ciento, el promedio diario de casos nuevos subió de 126 a 450 y había un porcentaje de ocupación hospitalaria de 91.6 por ciento; a pesar de ello, esta industria continuó funcionando con aforos de 80 y 100 por ciento.

Lo anterior fue posible por un decreto especial que el gobernador panista Javier Corral Jurado (2016-2021) negoció con la Asociación de Maquiladoras y el Consejo de la Industria Manufacturera de Exportación (Index).

Las compañías de manufactura automotriz, aeroespacial y otras industrias de exportación consideradas no esenciales por las autoridades federales, tuvieron permitido operar en el estado al cien por ciento de capacidad, con la justificación de que habían tramitado una certificación sanitaria ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social estatal.

Durante 2021, ya iniciadas las jornadas de vacunación por parte del gobierno federal, compañías como Lear, Aptiv y AlignTech de México, BRP, Yazaki y Bombardier habilitaron módulos dentro de sus naves industriales para inmunizar a los obreros durante sus turnos laborales.

Además, los dueños de las fábricas en coordinación con autoridades de El Paso, Texas, lograron que los empleados pertenecientes al grupo de 18 a 39 años recibieran la vacuna de Johnson & Johnson, de una sola dosis, en el puente internacional Guadalupe-Tornillo, a donde eran trasladados en camiones de transporte de personal.

En Chihuahua hay un registro de 10 mil 200 decesos a causa del covid-19, de los cuales 4 mil 719 ocurrieron en Juárez.

La pandemia semiparalizó la industria en Matamoros

En el caso de Matamoros, Tamaulipas, en el primer trimestre de 2020 la crisis de salud semiparalizó la industria manufacturera; por una parte, las fábricas dedicadas al ramo automotriz dejaron de recibir material de producción de Estados Unidos y, por otra, rápidamente se sumaron cientos de contagios de trabajadores en las 90 plantas que hay en la ciudad.

Dura de México, Pebac, Decofinmex, Tryco Componentes, Olson, Aptiv, Inteva, AFX y Kemet fueron las primeras en enviar a los obreros a sus casas con el pago parcial de su salario, en algunos casos de 50 por ciento y en los mejores de 60; condiciones que los sindicatos locales aceptaron para evitar una ola de despidos.

Sacrificios en tiempos difíciles

Juan Villafuerte Morales, miembro del Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales de Matamoros –limítrofe con Brownsville, Texas– afirmó que esa medida permitió a la clase trabajadora conservar sus empleos y prestaciones en tiempos complicados por la emergencia sanitaria.

En ese momento el Hospital General y las tres clínicas del IMSS estaban a su máxima capacidad, además de que había gente que estaba muriendo afuera de las salas de urgencias, por lo que la intención de los trabajadores era quedarse en su casa.

Sin embargo, acuerdos entre organismos sindicales y empresarios elevó la actividad de casi 50 por ciento de dichas compañías a “esencial”, por lo que sus empleados debieron presentarse a laborar con el riesgo que eso conllevaba.

Durante la pandemia, sólo la planta de Joerns Healtcare fue cerrada temporalmente en la ciudad, en mayo de 2020, debido a un brote de la enfermedad entre los empleados.En Tamaulipas, los reportes refieren 8 mil 327 fallecimientos por SARS-CoV-2; de éstos, mil 66 sucedieron en Matamoros.

Mireya Cuéllar, Antonio Heras, Jesús Estrada, Rubén Villalpando y Julia Le Duc