Este jueves entra en vigor el decreto de la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, con el cual la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asume la facultad de encabezar la vigilancia y protección del Espacio Aéreo Mexicano, a fin de garantizar la seguridad nacional.

La Sedena coordinará la participación de las autoridades correspondientes, para realizar “acciones operativas y de carácter legal que se realicen para evitar actos contra la seguridad del territorio nacional”.

La entidad castrense dará seguimiento aeronaves que violen las normas relacionadas con el uso del espacio aéreo nacional y cuando se detecte este tipo de actividades establecerá contacto “continuo visual, electro-óptico o por medio de radar de una aeronave, durante toda su ruta”, particularmente , cuando no se tenga identificada una traza de interés, o una aeronave en vuelo no autorizado, o en vuelo clandestino.

La norma, establece que la Sedena en coordinación con el Centro de Mando y Control de la Armada de México, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Agencia Federal de Aviación Civil, los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Secretaría de Gobernación, establecerán las medidas necesarias para garantizar “la protección del Espacio Aéreo Mexicano frente a amenazas tradicionales y especializadas, como las relacionadas con la delincuencia organizada transnacional, el problema mundial de las drogas, la corrupción, el lavado de activos, el tráfico de armas y las conexiones, entre otras”.

Asimismo, esta estructura gubernamental podrá brindar apoyo a aeronaves en situación de emergencia, podrá desplegar aeronaves interceptaras, emitirá alertamientos aéreos y en coordinación con la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas u otra autoridad realizarán el aseguramiento las aeronaves ilícitas, ya que impedirán “la movilización de una aeronave posada en tierra antes del despegue o inmediatamente después de su aterrizaje como parte de un vuelo clandestino, y solicitar la intervención de la autoridad competente”.

En ese contexto, la Sedena cuenta con el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo y en conjunto las autoridades antes señaladas establecerán el Consejo Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo que es “la instancia superior responsable de emitir las políticas de coordinación e intercambio de información entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para garantizar la protección del Espacio Aéreo Mexicano, bajo los principios de legalidad y de certeza jurídica”.