Lorenzo Córdova Vianello, aún consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), lanzó ayer un adjetivo estrepitoso contra quienes no piensan como él en materia de reformas electorales: “demencial”, dijo que es la propuesta enviada por el presidente de la República y luego aprobada por mayoría de votos por las cámaras de diputados federales y senadores (https://bit.ly/3Z809ny)./

El consejero presidente del INE así se expresó durante un desayuno con miembros de la American Society of Mexico, que se asume como representante de los intereses privados de estadunidenses en nuestro país y que históricamente ha tenido como presidente honorario al embajador correspondiente, en este caso el muy intervencionista Ken Salazar.

Presunto “árbitro” garante de “imparcialidad” en el juego electoral, en semanas recientes Córdova Vianello se ha dedicado a una especie de gira de despedida (dejará el cargo la última hora del mes en curso) en la que ha asumido un evidente rol más de activista para su propia causa que de autoridad institucional.

Pero, ¿calificar de demencial, desde ese supuesto pedestal de institucionalidad y mesura, al presidente de la República y a las mayorías legislativas por promover y aprobar, respectivamente el llamado plan B electoral? La demencia, señala el diccionario de la RAE, tiene dos acepciones: “Locura, trastorno de la razón”, o “deterioro progresivo de las facultades mentales que causa graves trastornos de conducta” y, en esta segunda acepción, pone como ejemplo el uso de “demencia senil”.

¿Puede probar el consejero presidente del INE que el presidente de la República y la mayoría legislativa federal sufren tales deterioros (no sólo demencia sino también peligrosidad)? Porque, de ser así, procedería que Córdova promoviera alguna acción para deponer a tales personajes que considera tan lesivos, una especie de golpe de Estado por razones médicas. De otra manera, esos mismos órganos de representación popular, que tienen plena legitimidad en su llegada a los poderes y en el ejercicio de ellos, podrían exigir al presidente del INE que pruebe o retire sus acusaciones, equivalentes a mandar al diablo, o a un diván, a las instituciones.

Otro estrépito fue mencionado ayer en un comunicado oficial. Un largo silencio (los hechos sucedieron en las primeras horas del domingo reciente) de la Secretaría de la Defensa Nacional respecto a la muerte violenta de cinco jóvenes en Nuevo Laredo fue roto ayer con un comunicado poco convincente.

En resumen, las autoridades castrenses señalan que luego de escuchar disparos de armas de fuego y dirigirse al probable lugar de esas detonaciones los soldados vieron una camioneta (sin luces y sin placas) con siete adultos; al ver a los uniformados, el vehículo aceleró, chocó y, al escuchar el “estrépito”, el personal castrense activó sus gatillos.

En redes sociales se han difundido con amplitud videos de una confrontación de familiares, amigos y vecinos de los fallecidos con militares, uno de los cuales llegó a disparar al piso para contener a los civiles. Esos videos corresponden a un momento distinto al de los disparos que causaron la muerte de cinco personas y mantienen a otra en delicada situación de salud (los pobladores hablan de seis personas y la Sedena de siete, una de las cuales habría quedado ilesa. ¿Está detenida y rendirá declaración?)

Lo sucedido en Nuevo Laredo se agrega a otros hechos en los que parecen estar actuando las fuerzas armadas con menos apego a los abrazos que a los balazos, en consonancia con las fuertes exigencias estadunidenses de mayores resultados en el combate al narcotráfico, en especial por cuanto al fentanilo.

A pesar de la densa realidad de esa frontera tamaulipeca nada puede justificar tales asesinatos, si tales fueron; una presunta masacre que permitirá saber si hay un nuevo giro en la política gubernamental de combate a la delincuencia organizada o se mantiene el enjuiciamiento y castigo de quienes resulten responsables. ¡Hasta mañana!

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