Oaxaca, Oax., Un grupo de indígenas triquis desplazados de San Juan Copala fue desalojado ayer del palacio de gobierno por policías estatales, a pesar de que el gobernador morenista Salomón Jara Cruz afirmó que su administración permitiría la libre manifestación.

Los indígenas han mantenido un plantón en ese lugar de forma intermitente y su desalojo se llevó a cabo, con el pretexto de la venta ilegal de artesanías, por más de 50 mujeres policías y elementos de la Unidad Policial de Operaciones Especiales (Upoe).

Ayer por la mañana el grupo de triquis, unos 10 encabezados por Lorena Merino, se colocaron en el arco principal del palacio de gobierno, instalaron una tienda de campaña y un sonido, con el cual lanzaron consignas y exigen el retorno a su poblado, actividad que han realizado en los últimos 10 días.

Los uniformados llegaron con inspectores municipales de vía pública, quienes acusaron a Merino y a los triquis de vender artesanías de manera ilegal, lo que negó la líderesa, quien retomó sus consignas con su equipo de sonido.

Momentos después las y los uniformados comenzaron el retiro de pancartas, una manta y la tienda de campaña. Dos indígenas varones que lanzaban consignas y grababan lo que ocurría fueron derribados y golpeados en el suelo, mientras las mujeres triquis eran sometidas por las uniformadas.

Cinco oficiales y un integrante de la Upoe sujetaron a Lorena Merino, a quien le aplicaron una llave, incluso la jalonearon del cabello. A todos los subieron a patrullas de la policía estatal y los trasladaron al cuartel de esa corporación.

El secretario de Gobierno del estado, Jesús Romero, en un comunicado justificó la acción y señaló que la venta de productos en vía pública está prohibida. Aseguró además que las indígenas triquis agredieron a los inspectores; pero en los videos difundidos se observa que nunca hubo alguna acometida.

También se observa cuando una inspectora los acusa de vender productos en la vía pública y Merino le recrimina que con el grupo de desplazados sí van los funcionarios y policías a amedrentarlos, pero a otros vendedores u organizaciones “nunca les hacen o les dicen nada”.

Hasta el cierre de esta edición, ni el gobierno del estado ni la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dependencia que realizó las detenciones de los triquis, informaron de forma oficial sobre la situación jurídica de los desalojados; la Fiscalía General del Estado dijo que los arrestados no fueron presentados ante esta institución.

Por otra parte, habitantes de los municipios de Romero, San Juan Guichicovi y el Barrio de la Soledad cumplieron ayer 24 horas de bloquear los trabajos de modernización de la vía férrea del Corredor Interoceánico del Istmo por afectaciones a un arroyo; demandan reparación del daño. Elementos de la Secretaría de Marina, que tienen a su cargo la seguridad del proyecto, amenazaron con desalojar a los manifestantes, lo cual no había ocurrido.