La desigualdad social, las malas condiciones previas de salud de las personas que se gestaron durante las tres o cuatro décadas previas y las añejas carencias en la infraestructura de salud fueron los factores que determinaron la trayectoria de la pandemia de covid-19 en México, a causa de la cual han perdido la vida más de 505 mil personas, de acuerdo con los registros de las actas de defunción hasta el 31 de diciembre de 2022.

Sin duda, la emergencia sanitaria mundial provocada por el SARS-CoV-2 rebasó la capacidad de respuesta de los gobiernos y dejó lecciones importantes para nuestro país, entre otras, la importancia de mejorar la calidad de los servicios médicos públicos y regular la prestación de los privados; en particular, los consultorios adyacentes a farmacias, los cuales se han convertido en lugares de primer contacto para una amplia proporción de las personas, afirmó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

El problema es que por la falta de información –que en un principio nadie tenía– los pacientes que acudieron a esos sitios y presentaban un mayor riesgo de complicaciones graves “perdieron tiempo”.

Esos consultorios tardaron en adoptar las guías de tratamiento emitidas por la Secretaría de Salud (Ssa). Así lo revelan resultados preliminares de una investigación sobre el tema. Cuando los afectados llegaron a los hospitales ya era tarde, sostuvo el funcionario.

El mayor impacto de la enfermedad con complicaciones graves y fallecimientos se reportó en la segunda ola de contagios, entre los meses de enero y febrero de 2021, cuando estaba iniciando la vacunación de los trabajadores sanitarios en la primera línea de atención de enfermos de covid-19.

En ese periodo, la Ssa confirmó hasta 46 mil decesos semanales, cifra tres veces mayor a la esperada. En las siguientes oleadas, los números disminuyeron de manera importante por el efecto protector de las vacunas, explicó López-Gatell. Aun así, la afectación en el país por la cantidad de enfermos y decesos ha sido de proporciones sin precedente.

La pandemia de covid-19 entró ya a un periodo de transición que permite explorar la posibilidad de dar por terminada la emergencia sanitaria. Mientras tanto, la Ssa está en el proceso de elaborar una nueva política de vacunación contra el coronavirus que entrará en operación este año, afirmó López-Gatell.

No hay una decisión todavía sobre si México comprará más vacunas; “estamos abiertos a que haya muchas vacunas o nada”. El margen de reflexión es así de amplio porque el ambiente “está muy contaminado por los intereses económicos” de las empresas que quieren vender sus inmunógenos.

Señaló que esta vez el gobierno buscará –si así se decide– adquirir vacunas en condiciones que favorezcan la economía nacional y no al revés, como ocurrió en 2020.

En entrevista con La Jornada al cumplirse tres años de la llegada del virus al país, el funcionario subrayó que, en esta nueva etapa, “no queremos ser víctimas de la narrativa artificial que se ha sembrado al ritmo y servicio de las necesidades comerciales de las casas farmacéuticas preponderantes”. Se refirió específicamente a los laboratorios Pfizer y Moderna, que desarrollaron vacunas bivalentes contra el coronavirus, las cuales se promueven como una necesidad para, supuestamente, mantener la protección contra la enfermedad.

Dichos biológicos contienen protección contra la cepa original del virus y la variante ómicron. El subsecretario insistió en que no existe evidencia científica sobre el beneficio de su aplicación, en comparación con las primeras vacunas hechas con una sola cepa, la surgida en Wuhan, China.

Todavía no hay respuestas claras y tampoco se han publicado los resultados extensos de los ensayos clínicos, con revisión por pares, respecto a la eficacia de las dosis bivalentes.

En cambio, dijo, aunque tampoco hay una decisión de adquirir más, las vacunas cubanas Abdala y las dos Soberana son confiables, de las mejores en el mundo. Brindan protección cruzada para múltiples variantes del virus.

Reiteró que la Ssa no tiene prisa por definir alguna compra a futuro porque la inmunidad conferida por tres o cuatro dosis administradas hasta ahora en el país, para 91 por ciento de las personas mayores de 18 años, “es suficiente aun cuando aparezcan nuevas variantes. Estoy tranquilísimo” al respecto.

También planteó que, en cuanto termine la contingencia, los registros sanitarios de emergencia otorgados a vacunas y diversos insumos de salud perderán vigencia, por lo que los laboratorios interesados deberán someter sus expedientes completos a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para obtener nuevas autorizaciones para su comercialización en el sector privado.

Advirtió que la decisión de dar por concluida esta etapa no es fácil y nadie en el mundo la ha tomado. Sólo Estados Unidos avisó que la fecha probable para hacer el anuncio del retorno completo a la vida normal –como se tenía antes de covid-19– será el 11 de mayo próximo.

El funcionario, responsable del manejo de la pandemia en México y vocero oficial del gobierno en este tema, explicó que aquí la decisión está sujeta a, por lo menos, tres componentes. Uno es el de la salud pública, donde “no hay prisa” porque el escenario de una endemia con subidas y bajadas definidas de casos todavía es incierto. “Podríamos llegar a julio sin definir cuáles y cuántas vacunas” se van a comprar.

Desde el punto de vista político, mientras más rápido se tome la decisión, la sociedad estará más tranquila y “estaremos menos propensos a las campañas de desinformación” que promueven como una urgencia tener nuevos contratos para comprar más vacunas.

El tercer componente en la decisión es la población. La “percibimos tranquila” y así seguirá a menos que surja una nueva ola de contagios de alto impacto. Lo más probable, indicó, es que si se presenta, será de bajo impacto.

De hecho, entre la quinta y sexta olas “hubiéramos podido decidir que se terminara la situación de emergencia porque la sociedad ya se comporta” como si no la hubiera. Aunque, subrayó López-Gatell, es un hecho que el SARS-CoV-2 y las formas prolongadas de afección, el llamado covid largo, van a estar presentes por siempre.

Al insistir en las vacunas y la posibilidad de tener nuevos contratos de compra este año, el subsecretario subrayó que los gobiernos “deben tener mesura y racionalidad científica para proteger el interés público y no dejarse comer por la especulación”.

Así ocurrió en 2020. Era previsible que habría vacunas contra el coronavirus, pero los países, sobre todo las economías no hegemónicas, no estaban preparados para relacionarse con la industria farmacéutica en un contexto de adversidad, incertidumbre y presión política.

En México no hubo un mecanismo de deliberación en el que participaran las secretarías de Economía, Hacienda, Relaciones Exteriores y Salud para discutir en forma ordenada sobre las ventajas y riesgos de contratar vacunas cuando todavía no se conocían los resultados de los ensayos clínicos.

Se tomó una decisión pragmática, con la cancillería a la cabeza, de buscar los contratos en el mundo, sostuvo.

–En ese momento era lo que se tenía que hacer.

–Se pudo haber hecho mejor y tratamos, pero no prosperó la iniciativa de la Ssa para discutir la postura de México en un escenario de incertidumbre. De ahí que se compraron las vacunas en condiciones poco favorables para el gobierno. No debería volver a ocurrir.

–Tuvo un costo económico, pero también un alto beneficio social.

–Claro. Es un mérito que México fue de los primeros 10 países de América Latina y del mundo en tener vacunas. Hubo abasto continuo. Mi respeto y reconocimiento para esa labor que realizaron el secretario Marcelo Ebrard y la subsecretaria Martha Delgado.