Santiago. Chile desplegó ayer un contingente militar en sectores fronterizos con Perú y Bolivia para frenar la migración indocumentada mediante controles de identidad, de equipaje y la detención de extranjeros que cometan delitos, que deberán ser entregados a la policía en un plazo máximo de 24 horas.

Entre los principales problemas que enfrentó el presidente Gabriel Boric a su llegada al poder hace casi un año está la migración descontrolada en el extremo norte chileno. Para regularizar la situación el mandatario ha presentado varios proyectos de ley; el último de ellos otorgó facultades a las fuerzas armadas para controlar los múltiples cruces por su porosa frontera norte.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, y el de Defensa subrogante, Gabriel Gaspar, viajaron al poblado de Cariquima, cerca de Colchane, unos 2 mil kilómetros al norte de la capital chilena, para estar presentes en el despliegue de los militares. A su llegada, Tohá declaró que el gobierno espera que la presencia militar “tenga un efecto disuasivo. No está prohibido entrar a Chile, lo que está prohibido es hacerlo de manera irregular”, añadió.

Los militares enviados para el control fronterizo ya estaban distribuidos en sectores de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, donde se produce la mayor inmigración indocumentada, pero no tenían facultades especiales y sólo colaboraban con la policía. El decreto que permite el uso de las fuerzas armadas estará vigente por 90 días y es prorrogable con el respaldo del Congreso.

Chile reconduce a los migrantes al mismo paso por el que ingresaron, pero sólo Perú los acepta, a diferencia de Bolivia, que únicamente recibe a sus ciudadanos. Tohá reiteró que la cancillería sigue trabajando con La Paz para que reciba a los extranjeros devueltos. Pero las negociaciones son difíciles, ya que ambos países sólo mantienen relaciones a nivel consular desde 1978, luego de que Chile rechazó una demanda boliviana de salida al mar que perdió en una guerra en 1879.

Las fuerzas armadas ya realizan labores de seguridad en dos regiones del centro sur chileno, La Araucanía y el Biobío, donde patrullan las principales carreteras para evitar atentados provenientes de pequeños grupos indígenas que exigen la devolución de tierras ancestrales. Están presentes desde mediados de marzo y tras su llegada han disminuido los ataques.

En Chile viven 1.5 millones de migrantes, incluidos unos 500 mil venezolanos que regularizaron su situación en su mayoría.