Ciudad de México. José Solís Ramírez fue destituido como rector de la Universidad Autónoma de Chapingo el 6 de octubre de 2022, por una votación abrumadora (más de 90 ciento) a mano alzada.

La asamblea designó como interino a Ángel Garduño García quien, con sólo cuatro meses en el cargo, renunció para postularse como candidato a rector para el periodo 2023-2026. En su lugar quedó Francisco Marín, quien sólo estará al frente en tanto se lleva a cabo la nueva elección de rector, proceso que culminará con un plebiscito el próximo 22 de marzo.

El conflicto interno está cruzado por denuncias ante distintas autoridades, entre ellas la Fiscalía General de la República (“por allanamiento y usurpación de funciones”), por la denuncia de Solís de que su destitución fue ilegal y por la acusación, del parte del destituido, de que el grupo que actualmente controla la UACh tiene detrás a la organización priísta Antorcha Campesina.

Solís y su equipo afirmaron, en una rueda de prensa que ofrecieron este lunes en la Ciudad de México, que “la supuesta remoción no realizo (sic) con base en un plebiscito como lo prevé el Estatuto Universitario”, entre otras razones porque no se llevó a cabo por voto universal, secreto y directo, y porque tampoco se verificó que los asistentes fuesen todos integrantes de la comunidad universitaria.

Según los denunciantes, el grupo de Garduño García logró que la notaria pública número 4, de Calpulalpan, Tlaxcala, Raquel Beatriz García Lozano, diera validez a una asamblea en la que no estuvo presente, a partir de la solicitud de un grupo que no contaba con “representación alguna de la Universidad”.

El grupo en disputa ha solicitado a la gobernadora Lorena Cuéllar revisar la actuación de la notaria, quien “ya ha tenido antecedentes de cancelación de la patente” por actos irregulares.

La disputa, dijo Solís, es por el presupuesto de la UACh que para este año asciende a 3 mil 200 millones de pesos.

Sin presentar prueba alguna, el “rector estatutario”, como se presenta, sugirió que el grupo al frente de la universidad agrícola podría estar echando mano de 180 millones de pesos para favorecer el activismo electoral de Antorcha Campesina, en el marco de la contienda por la gubernatura del Estado de México.

El conflicto afecta, sostuvo Solís, a una institución “que responde a los intereses de los sectores más necesitados del campo” y a los jóvenes estudiantes que desde octubre pasado enfrentan la incertidumbre derivada de que los “espurios están emitiendo títulos falsos (no reconocidos por la SEP)”.

Solís llegó a la rectoría en 2019, con el respaldo, se dijo entonces, del flamante secretario de Agricultura, Víctor Villalobos Arámbula. “Sí me apoyó, como egresado de la institución, y el apoyo de los egresados sigue siendo firme”.

No obstante ese antecedente, y colgándose de las mañaneras, el rector Solís solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador que “voltee a ver” la actuación de la notaria (por el caso del “cártel del despojo”); y que revise el desempeño de la SADER que ha reconocido a las actuales autoridades universitarias “a sabiendas de que hay ilegalidad”.