Madrid. Alrededor de 99 mil pesonas han fallecido víctimas del covid-19, señalan las estadísticas oficiales del Ministerio de Sanidad, si bien esa cifra podría llegar hasta 170 mil, según otros informes científicos. Pero si hay una zona oscura que llena de indignación a miles de ciudadanos es la falta de información sobre lo que ocurrió en las residencias de ancianos, donde se calcula que fallecieron cerca de 35 mil personas aquejadas por el virus y muchas no recibieron ningún tipo de asistencia sanitaria, entre otros motivos porque fueron relegados por el propio sistema público.

Incluso se habló de una circular del gobierno madrileño, presidido por la derechista Isabel Díaz Ayuso, en la que se recomendaba no darle prioridad a los mayores en residencias.

Mercedes Huerta es familiar de una de las personas que murieron en las residencias. Ella, como tantos otros, pedían información y se las negaban, intentaban ir a visitar a sus seres queridos y no se les permitía ni siquiera acercarse a la puerta, y cuando reclamaron una explicación por la repentina muerte de sus madres, padres o hermanos, les remitía un documento informativo con lenguaje burocrático y frío.

Más aún, muchos de ellos tuvieron que esperar semanas, incluso meses, para recibir los restos incinerados de sus familiares. “Me he sentido abandonada, decepcionada y algo que no podré entender nunca: cómo una sociedad puede participar en una masacre de estas características, única en la democracia, y que aún nadie haya tomado medidas para que se haga justicia y, sobre todo, para que nunca más se vuelva a repetir”, dice Mercedes Huerta.

De los 35 mil fallecidos en las residencias de ancianos la mayoría se concentraron en las autonomías con más densidad de población y que tenían un porcentaje más alto de personas mayores. Es decir, el goteo de muertes en los asilos se registró de manera masiva en Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón y Navarra. Pero las muertes en estos sitios y con más o menos el mismo oscurantismo se registraron en todo el país, lo que hace sospechar a los familiares de los afectados que hubo una directriz subrepticia con la que se relegaba a los ancianos frente a los ciudadanos más jóvenes o más sanos.

Para esclarecer hechos que todavía permanecen en la oscuridad, centenares de familiares afectados crearon la Plataforma Verdad y Justicia, con la que reclaman en las calles y en las instituciones se esclarezcan los hechos, que se les de una explicación convincente sobre los protocolos que se activaron durante aquellos días, sobre todo durante los primeros tres o cuatro meses, cuando había más descontrol y falta de información.

Amnistía Internacional documentó hasta cinco violaciones de derechos humanos cometidas contra las personas mayores residentes de forma continuada durante aquellos meses. En concreto, por vulneración del derecho a la vida, a la salud, a la no discriminación, a la vida privada y familiar y el derecho a una muerte digna. Y señalan como responsables de este drama y de que prevalezca la impunidad a seis instituciones del Estado: el gobierno central, los gobiernos autonómicos, el Congreso de los Diputados, la Fiscalía General del Estado, la Defensoría del Pueblo y el Consejo General del Poder Judicial.

Por otro lado, pese a la tendencia generalizada de impunidad, en contadas excepciones se han logrado avances en las fiscalías provinciales. En Cataluña, la fiscalía de Mataró abrió diligencias y presentó una querella el pasado abril de 2022 por homicidio imprudente, lesiones y maltrato contra el director y directora médica de una residencia durante la pandemia. En Madrid, un juez solicitó la comparecencia en calidad de testigos de Alberto Reyero, ex consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, y de Carlos Mur, en aquel momento director de Coordinación Sociosanitaria y firmante de los protocolos de exclusión de la derivación a hospitales.

Los datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales confirman que la cifra de muertos en las residencias fue sensiblemente superior al del resto de las franjes de edades y que por comunidades autónomas, Madrid es la región donde más mayores fallecieron por coronavirus, seguida por Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha.

El único dato positivo de prevención que benefició a los asilos es que las residencias de mayores, personas con discapacidad y otros colectivos institucionalizados fueron el primer objetivo del plan de vacunación que arrancó en España el 27 de diciembre de 2020. El Ministerio de Sanidad ofreció durante un tiempo información sobre la inmunización de estos grupos, pero dejó de hacerlo el 2 de junio de 2021. Hasta entonces, 93.3 por ciento había completado la pauta y 99.7 por ciento había recibido al menos una dosis.

Pero gente como Mercedes Huerta advierte que seguirán con su lucha hasta conocer todos los detalles de ese drama silenciado y oscuro. Porque ellos insisten en una idea que les carcome todos los días: “Nuestros familiares no murieron, los dejaron morir”.