Después de que en mayo de 2022 el país alcanzó las 100 mil desapariciones, al registro oficial se han sumado 11 mil 919 víctimas más. Entre las entidades con más personas ausentes están Jalisco, con un total de 15 mil 41, seguido del estado de México, con 12 mil 770, y Tamaulipas, que tiene 12 mil 520.

Ante este panorama, diversas organizaciones y colectivos insistieron en su demanda de que se abra un espacio en la Cámara de Diputados para discutir la iniciativa de reforma al artículo 17 constitucional, aprobada el 24 de enero pasado por la Comisión de Puntos Constitucionales, ya que plantea desvincular la búsqueda de la investigación, lo que “es regresivo”.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, ayer por la tarde se tenían 111 mil 919 víctimas, que considera datos de 1964 a la fecha. De ese total, 74.2 por ciento son hombres y 25.1 por ciento, mujeres, en tanto que en 0.66 por ciento el género no está determinado.

Los varones desaparecidos tienen principalmente de 20 a 39 años, y las mujeres, de 14 a 24.

Otros estados con más ausencias reportadas son Veracruz, con 7 mil 517; Nuevo León, 6 mil 445; Sinaloa, 5 mil 728; Michoacán, 5 mil 95; Sonora, 4 mil 488; Guerrero, 4 mil 5; Coahuila, 3 mil 725; Chihuahua, 3 mil 511; Zacatecas, 3 mil 406, y Guanajuato, 3 mil 175.

Sobre estas cifras, José Ugalde, vocero del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, lamentó que estos delitos no paren, por lo contrario, “siguen aumentando y visualizamos un año más peligroso por el contexto político”. Además, enfatizó, estos datos dan muestra de que no existe “una estrategia de gobierno para parar esta situación” y lograr que “no haya ninguna familia más con este sufrimiento”.

Resaltó que para los colectivos de familiares de víctimas, la iniciativa de reforma al artículo 17 “genera un retroceso enorme de lucha, porque uno de los principales problemas es que desvincula a las fiscalías a buscar, cuando de por sí ya son renuentes a hacerlo… No pueden dividir la búsqueda de las investigaciones”.

Ugalde admitió que aunque “suena bien incorporar el derecho de toda persona a ser buscada, el problema es el resto del contenido y la forma en que se presentó la iniciativa”, sin consultar a los familiares de víctimas.

Por esta situación también se han pronunciado el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, así como otros grupos y organizaciones, entre ellos Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos, Voz de los Desaparecidos, Por Amor a Ellxs y comités de familiares de migrantes desaparecidos de Honduras.