Luego de que un grupo de personas denunciara al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón, por supuestamente haber ordenado la expropiación de diversos terrenos para el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) sin pagarles una indemnización, la dependencia señaló que hasta el momento no ha recibido ninguna notificación relacionada con esa queja.

El pasado viernes, los propietarios de 91.5 hectáreas que fueron expropiadas para la construcción del AIFA interpusieron una demanda ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Meyer y dos de sus colaboradoras: Dulce Rodríguez Cervantes, directora general de Ordenamiento de la Propiedad Rural, y Edna Vega Rangel, subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Agrario.

Demandan indemnización por predios expropiados

Lo anterior, señalaron los inconformes a través de sus abogados, debido a que los mencionados funcionarios habrían desacatado la orden de un juez federal de devolver esos terrenos o entregar una indemnización a los propietarios de los mismos.

Ante ello, la Sedatu indicó en un comunicado que “en la sentencia del amparo en revisión, el décimo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, no hace un pronunciamiento sobre el derecho de propiedad de la parte quejosa ni se reconoce un pago por concepto de indemnización”.

Por otro lado, “el efecto de la sentencia del amparo en revisión es excluir de las declaratorias de terreno nacional las superficies que el quejoso alega de su propiedad y otorgarle garantía de audiencia”, lo cual ya fue cumplido mediante un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, en el que “se excluyó de la declaratoria de terrenos nacionales la superficie que el quejoso aduce de su propiedad”.

Asimismo, la Sedatu indicó que la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, “en pleno respeto a la garantía de audiencia del quejoso, repuso el procedimiento administrativo de declaratoria de terrenos nacionales del predio ‘Xaltocan’, municipio de Nextlalpan, estado de México”.

De acuerdo con la dependencia, “a la fecha no se ha notificado ningún requerimiento por parte de la FGR respecto de alguna denuncia promovida por la parte quejosa”, además de que el juzgado que lleva el caso “no ha acordado la apertura de un incidente de inejecución de sentencia”.