El domingo pasado se conmemoró la vida de los 65 compañeros mineros fallecidos hace ya 17 años en el desastre minero ocurrido en Pasta de Conchos, Coahuila, donde sus familiares han buscado de manera perseverante el acceso a la justicia, verdad, memoria y reparación integral del daño, desde aquella fecha hasta hoy. Sin embargo, han sido muy pocos los avances obtenidos, tanto en el rescate de los cuerpos como en la búsqueda de verdad y justicia para ellos, aunado a la ausencia de acciones para prevenir otros siniestros en la región, como los ocurridos en El Pinabete y Predio Rancherías.
La reparación integral del daño es un derecho de las víctimas y sobrevivientes que han sufrido violaciones a sus derechos humanos, ocasionados por la acción u omisión del Estado en su sentido más amplio. Si nos basamos en la Ley General de Víctimas, ésta se compone por medidas de restitución, rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición y, por ende, las acciones destinadas a ello deben resarcir los impactos o daños ocasionados en los distintos niveles y esferas de su vida personal y colectiva, de acuerdo con sus necesidades.
En ese sentido, el gobierno federal anunció en 2019 la creación del Comité para la Reparación y la Justicia en Pasta de Conchos con la finalidad de cumplir con las exigencias de las familias de los mineros fallecidos. No obstante, dicho comité se desdibujó cuando el representante del Poder Ejecutivo federal decidió traspasar las actividades de rescate a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Esto generó un retroceso en el proceso de rescate debido a su falta de experiencia y capacidades especializadas en las labores, lo que abona aún más a la impunidad y obstaculiza el acceso a la justicia.
Por ello, pese al compromiso asumido por las instancias responsables, el progreso en esta acción de rescate ha sido sólo de 6 por ciento, aún cuando se proyectó 37 por ciento para estas fechas. En cuanto a las indemnizaciones económicas para las familias de los compañeros mineros, si bien ha significado un avance en la reparación integral del daño para algunas de ellas, no ha sido suficiente para garantizar el acceso a la justicia y a las medidas de no repetición.
¿Hasta cuándo los tiempos de justicia podrán ser más cercanos a las víctimas? ¿Cuántos damnificados más tendremos que sumar, por las omisiones del Estado y las empresas? ¿Hasta cuándo las reparaciones integrales y las medidas de no repetición serán una realidad para las familias y víctimas? ¿Cuántas promesas más de campaña y gobierno faltarán para atender y cumplir las demandas en Pasta de Conchos a cabalidad? Estas preguntas y muchas otras tantas, tendrán que responderse a través de la construcción de políticas públicas que incorporen de forma integral las demandas de las víctimas de Pasta de Conchos, con perspectiva de derechos humanos y enfoque de desvictimización.
Esto implica, en primer lugar, consolidar los procesos de búsqueda, acceso a la justicia y castigo a los responsables de la catástrofe minera. En segundo lugar, fortalecer las condiciones y derechos laborales dentro de las empresas mineras, ya que, como denunció Miguel Concha dos años atrás, “(...) no cumplen la legalidad y no hay una base de datos confiable que permita conocer el número total de minas legales, ilegales y clandestinas que existen, lo cual no permite establecer políticas públicas adecuadas” ( La Jornada, 27/2/21).
Es importante analizar, en conjunto con las víctimas y comunidades, las concesiones otorgadas por el gobierno federal a empresas privadas para que éstas garanticen los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales desde la perspectiva de los derechos humanos y con base en las necesidades de las comunidades y las víctimas.
Ello con el fin de que transformen positivamente condiciones de trabajo digno y seguro para sus trabajadoras, trabajadores y familias. Como mencionó Miguel Concha Malo en uno de sus artículos: “Y si bien la reparación del daño se determina en la emisión de sentencias y recomendaciones, sus criterios deben encaminarse a la transformación de las condiciones estructurales e institucionales para garantizar a todas las personas el derecho a la no repetición, y promover una justicia transformativa y restaurativa para las víctimas y la sociedad” ( La Jornada, 20/11/21).
Y, por último, impulsar los planes de reparación integral del daño, principalmente las medidas de no repetición, para prevenir que estas catástrofes estructurales se continúen replicando y sigan generándose zonas de sacrificio para quienes buscan condiciones de vida dignas para sí, para otras y otros. Que la reparación integral del daño y las medidas de no repetición sean una alternativa de memoria y dignidad real ante la justicia tardía para Pasta de Conchos y todas las víctimas.
