Ciudad de México. Para la Fiscalía General de la República (FGR) el desvío de recursos realizado en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), durante la gestión de Rosario Robles Berlanga entre 2012-2018 constituyen “uno de los casos más escandalosos de corrupción y de daño patrimonial para el país”, y “hasta este momento, la cantidad saqueada supera los cinco mil millones de pesos y existen 24 casos penales federales en donde están involucradas más de 50 personas, en averiguaciones previas y en carpetas de investigación, todas ellas de carácter penal, que han sido judicializadas en su momento”.

La institución que encabeza Alejandro Gertz Manero emitió un nuevo posicionamiento en torno al caso conocido como la Estafa Maestra, luego de que un juez federal exonerara a Robles Berlanga de dos acusaciones por ejercicio indebido del servicio público.

Señaló que “la afectación al patrimonio nacional ha quedado evidenciada en todos esos juicios, principalmente en el caso de Rosario R, a quien se le imputó el delito de ejercicio indebido de servicio público, previsto en el artículo 214, fracción III, del Código Penal Federal; ya que dicha persona, como titular de las áreas involucradas, supo de los delitos ya señalados y existen pruebas abundantes al respecto; y no avisó por escrito a su superior jerárquico, ni impidió, ni evitó ese saqueo, estando dentro de sus obligaciones hacerlo; lo cual generó un enorme daño patrimonial de recursos que deberían de haber ido a los sectores más necesitados del país y que fueron saqueados de una manera dolosa y abusiva.”

Aseguró que “todas las pruebas acumuladas en este juicio señalan, con absoluta claridad, la responsabilidad penal correspondiente; y el hecho de que el Juez Penal Roberto Omar Paredes Gorostieta, en funciones de Juez de Control, haya sobreseído en forma total y con efectos de sentencia absolutoria, a favor de María del Rosario R, es un acto de injusticia inaudito que, por carecer de fundamento, obliga a esta Institución a iniciar un procedimiento penal inmediato”.

En su posicionamiento, la FGR sostiene que “el sobreseimiento decretado por dicho Juez, adscrito a un Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, es una violación flagrante a todos los expedientes penales que señalan las responsabilidades correspondientes. Y declarar que eso “no constituye delito”, es algo absurdo e inaceptable, ya que dicha afirmación no está sustentada, ni fundamentada en los hechos, ni en las leyes, ni en las pruebas”.

Para el Ministerio Público Federal el Juez Penal “contrariando lo que señala la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo 118, que establece con toda claridad la independencia de las responsabilidades administrativas de las penales, utiliza dolosamente una legislación que no es aplicable penalmente, para violentar la ley y las constancias que existen en los expedientes penales respectivos”.

Todo lo anterior, señaló la FGR, formarán parte de las objeciones que se incorporarán a la apelación correspondiente, e independientemente la institución ministerial aseguró que “no puede omitir su responsabilidad de perseguir la comisión de un presunto delito contra la administración de justicia”.