Chihuahua, Chih., A fin de proteger la vida e integridad personal de 11 religiosos de la comunidad jesuita del pueblo de Cerocahui, municipio de Urique, personal especializado de la Unidad Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua acudió a esa región de la Sierra Tarahumara para ejecutar un mandato de medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El 20 de junio de 2022 en Cerocahui fueron asesinados los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar, por el líder criminal José Noriel Portillo Gil alias El Chueco, quien a la fecha permanece libre en dicha región y es prófugo de la justicia.

La Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos y Desaparición Forzada realizó la visita y acciones tendientes a cumplir con las medidas cautelares, en cumplimiento a una resolución de la CIDH, informó la FGE.

El pasado 31 de enero la comisión interamericana emitió medidas cautelares en favor de la comunidad jesuita de Cerocahui, al considerar que se encuentran en una situación “de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos”, debido a que han sufrido amenazas y agresiones por parte de grupos del crimen organizado, lo que les impide desarrollar sus actividades pastorales y de apoyo en la zona.

Las actuaciones para ejecutar el mandato del organismo interamericano conforme a los estándares internacionales, son responsabilidad de personal de la Unidad Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Un equipo multidisciplinario de servidores públicos especializados en materia de sicología, trabajo social, jurídico y área de investigación, atienden de manera colegiada a cada una de las personas con protección, tras los sucesos violentos registrados en la comunidad de Cerocahui en junio del año pasado, y la protección es también para religiosos en Creel, municipio de Bocoyna, precisó en un comunicado la fiscalía estatal.

Hasta ahora, subrayó la institución ha logrado brindar atenciones directas y obtener datos que serán tomados en cuenta para el desarrollo de los análisis de riesgo, que se trabajarán de manera coordinada por la FGE y la autoridad federal.

Exigen revisar la estrategia de seguridad pública

Los religiosos de la comunidad jesuita han exigido, en un posicionamiento de diciembre del año pasado, que autoridades de los tres niveles de gobierno revisen la estrategia de seguridad pública de la región.

“A la fecha no hemos encontrado la prometida justicia pronta. Reconocemos los esfuerzos, pero condenamos la vergonzosa impunidad que se vive ante estos y miles más de homicidios”, señalaron.

“Muchos pueblos como el de Cerocahui ya no quieren vivir con miedo e incertidumbre. La paz solo será posible en la medida en que haya una justicia expedita y real. La indiferencia y el silencio no son una opción y las muertes piden ser escuchadas”, subrayaron los sacerdotes.