“Vamos a cumplir”, reitera el presidente López Obrador sobre su compromiso de rescatar los cuerpos de los 63 mineros fallecidos en Pasta de Conchos el 19 de febrero de 2006, los cuales, desde entonces, permanecen bajo toneladas de rocas, mientras el responsable de ese homicidio industrial (Grupo México, del barón Germán Larrea) se mantiene impune tras de un “accidente” que a todas luces era evitable.

Dijo el mandatario: “todavía falta tiempo y está avanzando bien la empresa que está a cargo del rescate de los mineros, y vamos a pedir un informe a la Secretaría del Trabajo, pero lo que sé es que están trabajando y que vamos a cumplir. Es una acción intensa, pero muy humana, también compleja por lo que se está llevando a cabo de los trabajos de excavación. Todos los gobiernos anteriores omitieron sacar los cuerpos”.

Bien, el compromiso presidencial se mantiene firme, pero el problema es a quien ordenó la solución, porque el eslabón más ineficiente de la cadena –por omisión o negligencia– tiene nombre y apellido: Luisa María Alcalde, a quien, según anunció el propio López Obrador, “pediré que informe en general sobre el caso de Pasta de Conchos”. Sin embargo, la exposición que eventualmente presentaría la secretaria del Trabajo debe incluir otros asuntos largamente dejados en el “olvido”, como las tres huelgas mineras (que el próximo julio cumplen 16 años sin solución) y la de Notimex, que recién sumó tres años en el limbo jurídico y laboral.

En el caso de Pasta de Conchos, casi cuatro años después de que el presidente López Obrador se comprometiera a rescatar los cuerpos e instruyera a Luisa María Alcalde para comenzar los trabajos respectivos, lo único que atina a pedir la titular de la Secretaría del Trabajo a las viudas es “paciencia”, pues, les dijo, “si no se logran sacar los restos mortales de los mineros a finales de 2024, el siguiente gobierno de Morena seguirá con esa tarea’”. Y se quedó tan tranquila, no así los deudos a quienes supuestamente atiende.

La Jornada (Andrea Becerril) lo reseñó así: “un grupo de viudas se reunió con Luisa María Alcalde y salió enojado y decepcionado, pues todo indica que la autoridad laboral, al igual que la empresa (Grupo México), está apostando a que los demandantes se desgasten y abandonen la batalla que comenzó el mismo 19 de febrero de 2006. El rescate está parado, pero la construcción del mausoleo en honor a los mineros muertos se ha acelerado en Pasta de Conchos, aunque los restos sigan en la mina”.

Algo similar con las tres huelgas mineras (Sombrerete, Zacatecas; Taxco, Guerrero, y Cananea, Sonora), estalladas en julio de 2007. Calderón y Peña Nieto sólo garantizaron impunidad al barón Larrea (de hecho, Borolas, como en su momento Salinas de Gortari, reprimió brutalmente a los trabajadores para apuntalar al empresario) y sin más dejaron correr el tiempo.

Sin embargo, en julio de 2019 el presidente López Obrador instruyó a la secretaria del Trabajo a que instalara una mesa de negociación para que mineros y empresa resolvieran los añejos conflictos laborales, pero parece que Luisa María no se enteró (otra vez por omisión o negligencia), ni movió un dedo. Casi dos años después de la instrucción original el mandatario debió encargarle esa misma mesa al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pero, al igual que con la primera, nada de nada.

Y está la huelga de Notimex, que recién entró a su tercer año. Luisa María Alcalde dice que el conflicto no se resuelve, porque las partes “están muy enconadas” y se vuelve a lavar las manos, con todo y que es más que obvia su inclinación a favor de El Padrino, quien daña no a la directora de la agencia informativa, Sanjuana Martínez, sino al Estado mexicano, que la titular de la Secretaría del Trabajo está obligada a proteger.

Entonces, qué bueno que el presidente López Obrador reitere que su compromiso se cumplirá, pero la duda se mantendrá en la medida en que su “encargo” quede en mano de la señora Alcalde.

Las rebanadas del pastel

Como si lo valiera, y con dinero de los mexicanos, Lorenzo Córdova se embolsará un “finiquito” superior a 9 millones de pesos, a razón de un millón por año de estancia en la presidencia del Instituto Nacional Electoral. El próximo 3 de abril se le acaba el hueso, pero se va hinchado, al igual que otro mercenario de la vida política nacional, Ciro Murayama, quien se llevará 7.4 millones. Y eso, entre otras barbaridades, es lo que defienden los “marchistas” dominicales.

Twitter: @cafevega