Al respaldar las reformas a las leyes en materia electoral aprobadas por el Congreso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sostuvo que en México la existencia de un organismo que funja como “árbitro electoral imparcial, austero, transparente, eficaz y honesto”, ha sido “una deuda histórica”. Por ello, aseveró, se tiene la oportunidad “para que el pueblo de México recupere la confianza en las instituciones que hacen posible la democracia”.

Resaltó que los señalamientos respecto a que las reformas trastocan la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) “carecen de sustento” y defendió que las modificaciones buscan eliminar “los excesos” en que ha incurrido este órgano y sus antecesores.

Asimismo, destacó que no hay riesgo de que las reformas o adiciones a diversas leyes en materia electoral pongan en riesgo “la función constitucional del órgano encargado de hacer las elecciones, y a las elecciones mismas, desde la perspectiva y visión de los derechos humanos”.

El INE, afirmó, inobserva los principios de austeridad, eficiencia, eficacia, economía, trasparencia y honradez, “al ser una institución que se ha caracterizado por los abusos en el uso de gasto público, constituyéndose como uno de los organismos de esa naturaleza más costosos del mundo, y a pesar de ello su desempeño ha obstaculizado la garantía del derecho a la democracia, sobre todo la participativa (negativa a hacer la consulta popular sobre el juicio a ex funcionarios, y su tentativa de aplazar la revocación del mandato) así como que las elecciones sean libres, confiables, democráticas y auténticas (cancelación de algunas candidaturas, entre otras)”.

Con la reforma, “se busca disminuir la excesiva burocratización del INE, ya que se tiene conocimiento de que ostenta una estructura que permite duplicidad de funciones, inclusive cuenta con áreas que durante un periodo prologando están inactivas, pero siguen representando un costo para las arcas del Estado, en detrimento de la sociedad”, agregó.

Además, expuso, “realizan gastos que no tiene que ver con el adecuado desempeño de sus actividades estrictamente electorales, puesto que gastan excesivamente en productos, servicios y complacencias personales de los funcionarios que en nada abonan a la función electoral”.

En un pronunciamiento, la CNDH manifestó que es urgente crear el cambio “que verdaderamente garantice procesos electorales auténticos en México, en observancia del principio de austeridad; lo que podría conseguirse con la aprobación del Proyecto de Decreto”.

Las modificaciones legislativas en lo que atañe a la reestructura organizacional, operativa y de atribuciones de los órganos del INE, que incluye los llamados OPLES, “no redundan necesariamente en una merma en su autonomía ni tampoco en su operación funcional, puesto que sería absurdo suponer que progresividad debe entenderse como presupuestos crecientes, como se ha pretendido hacer creer por los funcionarios actuales del Instituto y por algunos opinadores”.

Más bien, indicó, obligan a un ejercicio responsable de los recursos “que conlleva eficientar los procesos de trabajo y administración, a la eliminación de una serie de prácticas que no por establecidas son indispensables, y sobre todo a entender que el servicio público no es servicio de privilegios sino de una responsabilidad mayor, sobre todo y ante todo en el ejercicio de los recursos públicos”.