San Cristóbal De Las Casas, Chis., La disputa por el control de la Caja Popular San Juan Bosco entre dos grupos dentro de la institución ocasiona incertidumbre a más de 80 mil ahorradores de ocho municipios chiapanecos, pues ambas fracciones se acusan de realizar sin claridad gastos de operación y salarios, así como en otros rubros, por casi 300 millones de pesos.

Por el pleito, las dos camarillas presentaron unas 10 denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE); además, pidieron la intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), del Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores (Focoop), al igual que del Servicio de Administración Tributaria, entre otras instancias.

Asimismo, obligó a cerrar temporalmente cuatro sucursales de la caja popular en San Cristóbal y a congelar 18 cuentas en Banorte y una en Bancomer para evitar retiros, transferencias o pagos indebidos a proveedores.

Javier Valdiviezo, vocero de uno de los grupos, acusó al ex alcalde de San Cristóbal y ex dirigente del partido Podemos Mover a Chiapas, Enoc Hernández, de “apoderarse ilegalmente” de la cooperativa y ordenar retiros para gastos diversos por alrededor de 90 millones de pesos hace seis meses, cuando tomó control del organismo.

Hernández dijo ser gerente general y apoderado legal de la caja popular. Afirmó que su facción “tiene la legalidad y la personalidad jurídica”, mientras en la de Valdiviezo hay 22 personas que “ya no son socias, pues fueron dadas de baja desde octubre pasado por estar relacionadas en una auditoría realizada entre 2017 y 2022, y sólo en el rubro de seguro de vida se les encontró un faltante de 54 millones 200 mil pesos”.

La caja de ahorro, con sede en San Cristóbal, fue fundada hace 35 años y según Hernández tiene 60 mil socios mayores de 18 años y 20 mil menores, atendidos en 16 sucursales de ocho municipios; tiene 300 empleados, 21 edificios propios y un capital activo que no dio a conocer porque “ese dato lo tiene la CNBV”.

Los problemas por la disputa de la cooperativa se agravaron en junio anterior, cuando uno de los grupos asumió el mando, pero luego fue desplazado por otro y así sucesivamente. Esto ha propiciado durante seis meses inestabilidad operativa, lo mismo que temor y zozobra entre socios.

Javier Valdiviezo aseguró en conferencia de prensa que en el semestre que “ilegalmente se apropió de la dirección” de la cooperativa, Hernández “ordenó retiros” por 100 millones de pesos, y se asignó un salario mensual mayor a 100 mil pesos. El aludido aseguró que gana un sueldo neto de 38 mil pesos.

“Hernández ha realizado gestiones a nombre de la sociedad cooperativa, hasta de índole fiscal y bancaria, con el claro fin de realizar un megafraude, desfalco y quebranto de la Caja Popular San Juan Bosco, con el fin de enriquecerse ilícitamente, lo cual es del conocimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera federal, mediante denuncia presentada en formato electrónico el 10 de febrero”, agregó.

Acompañado por integrantes de los consejos de administración yde vigilancia, manifestó que “el 17 de agosto de 2022, Hernández irrumpió de manera violenta en el corporativo fuera del horario labores con una abogada y diversas personas, entre ellas, algunos trabajadores”, lo que se denunció ante la FGE.

Acotó que se cuenta con una denuncia ante el juzgado primero civil y se presentaron diversos amparos, que trajeron como consecuencia la intervención de la CNBV y del informe del Focoop, que realizó algunas observaciones, como que “no cumplió con lo dispuesto en lo establecido en el artículo 42 de las bases constitutivas de Caja Popular San Juan Bosco”.

De su lado, Enoc Hernández sostuvo que “el control administrativo, contable y financiero legal lo tenemos nosotros”.