El decreto sobre la importación del maíz transgénico y las presiones de Estados Unidos por seguírnoslo vendiendo, hacen más necesario lo que en estas páginas señalábamos hace dos semanas: iniciar un proceso que descolonice nuestra alimentación y nos haga soberanos con base en un modelo agroalimentario soberano, saludable y de acuerdo con nuestra cultura. Esto requiere acciones desde los consumidores y productores de alimentos hasta los diversos órdenes de gobierno. Por lo pronto exponemos aquí algunas ideas que hemos venido discutiendo con el amigo y dirigente barzonista Martín Solís Bustamante.
La base de todo es que el Estado mexicano recupere su facultad de dirigir el desarrollo agroalimentario del país, misma que declinó durante los gobiernos neoliberales, y ponga en marcha, conjuntamente con productores y consumidores, una serie de audaces políticas y programas. El decreto que prohíbe la importación de maíz transgénico para consumo humano es muy buen principio, pero hay otros retos muy importantes a afrontar:
En primer lugar, que el gobierno federal adopte políticas eficaces para fomentar la producción nacional de maíz. Para ello es necesario que se dé prioridad a este cultivo en las zonas de riego, como se hizo hace años en Sinaloa y se logró una gran expansión de la superficie sembrada y cosechada. Esto implica un diálogo y convencimiento continuo con los productores y sus organizaciones. Pero no basta. Para incentivar la siembra de maíz es necesario también que se subsidien los insumos y los energéticos que se han venido incrementando sostenidamente, y que se reactive el financiamiento de la banca de desarrollo, hoy en plena retirada. Créditos accesibles y baratos para los agricultores. Es increíble, por ejemplo, que sea más alto el interés que se paga por comprar a crédito un tractor que por comprar un auto de lujo. Subsidiar tasas, mantener bajos los precios de los equipos y los insumos, costaría al gobierno federal, pero sale mucho más caro seguir dependiendo de las importaciones, además de que el maíz no transgénico es muy escaso en el mercado internacional.
En segundo lugar, el gobierno federal debe reordenar el mercado nacional del maíz, dando prioridad al desarrollo de mercados regionales, que pongan en contacto directo a productores con procesadores y consumidores. También en esta línea hay que fomentar con políticas concretas y efectivas la industria de la transformación de la gramínea, que se ha venido quedando en mano de unas pocas corporaciones. Estimular la expansión de empresas, sobre todo de asociaciones de productores, de alcance regional, para producir harina nixtamalizada, aceite vegetal, totopos, hojuelas, botanas saludables.
Así mismo, es necesario ordenar la producción y el mercado del maíz para usos alimentarios y forrajeros. Muchas zonas del país que ahora se dedican a otros cultivos pueden reconvertirse a la producción de sorgo para forraje. Por otro lado, es necesario recuperar los agostaderos y promover, a la manera de Sembrando Vida, la producción de carne y huevo de libre pastoreo, sobre todo en ejidos y pequeñas propiedades o en cooperativas de productores. Se matan dos pájaros de un tiro: se contribuye a la recuperación de pastos y de suelos y se producen alimentos de calidad.
El gobierno federal debe intervenir más activamente en la comercialización de los alimentos. No puede perder la batalla contra las tiendas de (in)conveniencia. Tiene el remedio y el trapito: las tiendas Diconsa. Hay que rediseñarlas, expandirlas por todas las zonas populares, pero no para que sean “un Oxxo de los pobres”, sino para que se posicionen como garantes del abasto de productos saludables y asequibles, no como las sofisticadas tiendas clasemedieras de productos orgánicos. Que las tiendas Diconsa sean atractivas y poco a poco vayan reducando el gusto popular, tan deteriorado por la comida chatarra . Guardando las proporciones, sería impulsar en el ramo alimentario algo como lo que viene haciendo Paco Taibo II con la promoción de la lectura a través del Fondo de Cultura Económica, una especie de fondo de alimentación saludable y económica.
Es muy importante ampliar la oferta nacional de alimentos sanos producidos localmente, pero no menos importante es reducir la demanda de alimentos que importamos y que no son saludables. Para esto, es necesario que el gobierno federal amplíe y profundice las sanas prácticas instituidas gracias a las demandas por organizaciones de productores y consumidores que han dado buenos resultados: el etiquetado de los alimentos con sellos y las campañas de información y educación de la Profeco. Como se hizo con los refrescos, hay que imponer tasas fiscales más altas a la comida y a la bebida chatarra.
No hay que inventar el hilo negro ni implementar medidas de corte “socialista” o expropiatorio. La clave son las políticas de fomento, de promoción, valorización y defensa de nuestros alimentos, como lo hacen países como Israel o Francia, cuya sociedad defiende con uñas y dientes la bonne bouffe, su buena comida tradicional y están orgullosos de ella. Así nosotros, gobierno y sociedad podemos descolonizar y hacer soberana nuestra alimentación. Que no nos impongan ni cuotas ni calidad de granos y otros alimentos a importar. Que no nos vendan totopos transgénicos en lugar de nuestros sabrosos chilaquiles.
