Al presentar el documento “Dichos vs hechos del Plan B de la Reforma Electoral”, la representación de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE) sostuvo que con este cambio el organismo “no se desmantela” y, por tanto, no se pone en riesgo la operación de los comicios. Advierte que lo no consignado por la nueva ley “es mera especulación conservadora”.

Acusó que desde el enero pasado, el INE paga con dinero público la campaña ‘mi voto no se toca’ lo cual “ratifica el servilismo y arrodillamiento del Instituto ante los intereses de unos cuantos y de grandes empresarios hoy autoproclamados activistas”.

El documento es considerado por el partido guinda como “la verdad histórica y jurídica” del Plan B.

“Con al reforma electoral se optimizan sus estructuras y se fusionan áreas cuya operación y ámbitos de atribuciones están relacionadas”, dijo.

Igualmente aseveró que “no se despide a ningún trabajador” y solo se “optimiza” el 8.56 por ciento del total de las plazas de altos mandos.

En otra parte del texto explica que esta reestructuración es para evitar la duplicidad de funciones y evitar erogaciones derivadas de altos salarios.

Los consejeros electorales han señalado que el organismo tiene una nómina de poco más de 17 mil trabajadores y asegura que con el Plan B se despedirá a casi 6 mil, mientras que de la información de Morena se desprende que habría una “restructuración” de alrededor de mil 400 puestos.

El reporte del partido es divulgado en la víspera de la publicación – y entrada en vigor- de la citada reforma, así como en la antesala de una segunda marcha opositora, cuya bandera es “el INE no se toca”.

En la introducción advierte que el conservadurismo mexicano, tanto en el ámbito gubernamental como en el privado, ha visto vulnerados sus lujos y privilegios desde la llegada de la Cuarta Transformación.

Afirma que “el INE y su alta burocracia se han escudado en litigios inmorales para mantener dichos privilegios como lo son salarios más altos que del propio Presidente de la República, pago de onerosos viáticos, uso de choferes, uso de salones privados, consumo de café gourmet, entre otros privilegios que no se tienen ni en la iniciativa privada”.

El documento busca “exponer y desmentir los principales dichos y mentiras de la reacción conservadora sobre la Reforma y por otro lado, consignar el lado B de la reforma electora, es decir, de lo que poco o nada dicen los medios de comunicación convencionales como lo son sus beneficios, sus ahorros, innovaciones o alcances”.

14 "dichos y hechos”

El primero de los puntos se relaciona precisamente a uno de los enunciados más repetidos por consejeros y en general por opositores de la reforma, en el sentido de que “la credibilidad de las elecciones y resultados estaría en riesgo por el desmantelamiento del INE”.

Morena rechaza esa versión al tiempo de argumentar que la optimización de estructuras es una práctica del Poder Legislativo avalada incluso por la Suprema Corte. Por tanto, el partido sostiene que “la reforma es legal y legítima”.

En segundo lugar, respecto a la acusación de que con la reforma “desaparecen” las 32 juntas locales (una por cada entidad federativa), responde que con la nueva norma el INE contará con su estructura a nivel local, “con 32 órganos locales y a nivel distrital, con hasta 300 oficinas auxiliares”.

Además – considera- se refuerza la autonomía del Instituto, pues su Consejo General determinará si sus órganos serán de carácter temporal o permanente.

En cuanto a la supuesta desaparición de las 300 juntas distritales indica que “la estructura a nivel distrital está garantizada”, toda vez que “estos órganos cambian de naturaleza, pero siguen realizando sus mismas funciones (radio y televisión, fiscalización, actualización del padrón electoral y operación de los Módulos de Atención Ciudadana), reestructurándolos para que no exista duplicidad en funciones y se generen erogaciones derivadas de altos salarios”.

La reforma “no ocasiona que se despida al personal actual de las Juntas Distritales, sino que redistribuye quién y cómo se organizan las mismas”.

El cuarto punto es sobre la acusación de que se pondrá en riesgo la expedición de credenciales para votar, así como la protección de los datos personales, debido a que supuestamente se moverán estos módulos a oficinas públicas.

Morena responde que el mecanismo de expedición de la credencial continuará en los mismos términos, y que la reforma estableció una “previsión para que, si el INE desea crear más módulos, estos se instalen preferentemente en inmuebles del dominio público que solo serán operados por el INE”, con el fin de reducir costos asociados a rentas de inmuebles.

En el mismo sentido expone el punto cinco.

En el sexto aborda la acusación de que con la reforma se despedirá al 85 por ciento del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN).

Morena recalca que se trata solo de una reorganización de áreas y “optimización en 8.56 por ciento” de las plazas de altos mandos, “lo cual implica generar ahorros por una suma aproximada de mil 340 millones de pesos al año sin que personal técnico, operativo o de campo se vea afectado por esto”.

En el séptimo apartado señala que esta reestructuración se realizará “respetando derechos laborales. Esto es, si se va a despedir a alguna o algún trabajador será por disposición del INE y no por la reforma”.

Además, indica, “no sobra decir que ningún cargo que no sean Consejerías, Vocales y Directores están regulados por la Ley, por lo que las y los legisladores no pueden establecer ni legislar respecto al personal operativo, técnico o de campo del Instituto”.

En el punto ocho refuta la acusación de que la reducirá personal de las oficinas centrales del organismo; señala que será el propio INE determinará la forma de optimizar sus estructuras.

En cuanto a la reducción del tiempo de capacitación para instalar y operar las casillas, Morena indica que la reforma plantea una reducción de 30 días; considera que esto es posible porque en el pasado proceso de revocación de mandato instalaron 57 mil casillas en 45 días, mientras que con el Plan B este plazo quedará en 75 días.

El décimo tópico puntualiza que se elimina el sesgo hacia los mayores de 70 años de fungir como funcionarios de casilla; añade que suponer que un adulto mahyor actuará de mala fe (por ser beneficiario de un programa social) es prejuzgar, estigmatizar y descalificar a este sector de la población.

En el 11, relacionado a que votar con matrícula consular o pasaporte resta certeza a la votación, responde que los mexicanos residentes en el exterior ya cuentan con un documento de identidad (pasaporte), elaborado con estrictas medidas de seguridad internacionales.

Añade, en el 12, que la cancillería solo validaría la legalidad del pasaporte mexicano, no del padrón de residentes en el extranjero, por lo que de ninguna forma se da a la Secretaría de Relaciones Exteriores atribuciones del INE.

En el penultimo, de aparentes retrocesos en materia de igualdad de género, señala que por primera vez la ley establece la obligación de los partidos de postular candidaturas para garantizar la representatividad a los grupos en situación de vulnerabilidad.

“Con esto se reduce la arbitrariedad de los tribunales y del propio INE de determnar el número de personas que se deben postular, generando certeza al respecto”.

En el 14 y último, sobre la supuesta desaparición del programa de resultados preliminares, Morena dice que ese punto no es reformado en inguna de sus partes.

En las conclusiones, los promotores de la reforma acusa que desde finales de 2022, “desde lo más alto” del INE “se emprendió una campaña de desinformación que busca sembrar miedo e intriga en el pueblo mediante voceros orgánicos de un agonizante, casi extinto viejo régimen que desde el privilegio de sus micrófonos han esgrimido y esparcido noticias falsas sobre la reforma”.

Añade que este reporte “engalana” la doctrina del “lopezobradorismo o humanismo mexicano” que parte de tres principios: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México.