El 13 de diciembre de 2022, el presidente López Obrador presentó al Congreso una iniciativa de ley general en materia de humanidades, ciencia, tecnología e innovación. Fruto de un proceso de diálogos y consultas llevadas a cabo desde 2019, según la narrativa oficial, esta iniciativa procura garantizar el derecho a la ciencia y la tecnología con base en las reformas al artículo 3 constitucional aprobadas el 15 de mayo de 2019, cuyos artículos transitorios establecieron el año 2020 como fecha límite para aprobar una nueva ley general en la materia.

Luego de más de dos años de concluido el periodo establecido por la reforma, no se ha dado prioridad a la discusión de los cinco distintos proyectos de ley presentados hasta ahora, dos en la Cámara de Senadores y tres en la de Diputados, entre ellos, precisamente el presentado por López Obrador. No obstante, todo hace prever que finalmente será en este periodo ordinario de sesiones del Congreso cuando se debatirá la creación de la ley general en la materia; por ello, y debido a la relevancia que la propuesta de López Obrador ha tenido en el debate público, merece la pena detenernos en puntos sobresalientes de este proyecto.

Marcado por una narrativa afín al discurso oficial, la iniciativa de ley entraña diversas debilidades y motivos de preocupación. Entre otros: se prevé la subordinación de la investigación al “bienestar de la nación”, concepto cuyo significado no será otro que la agenda nacional definida por el gobierno en turno; se elimina la disposición que establecía que 1 por ciento del PIB debía estar destinado a la investigación, con lo cual se pierde certeza respecto de cuáles serán los montos de asignación y gestión presupuestal; también se prevé la modificación del reglamento del Sistema Nacional de Investigadores y ajustar la relación laboral de los centros públicos de investigación, cuyos trabajadores se convertirían así en funcionarios públicos, con el riesgo implícito de la pérdida de libertad académica; asimismo, se contempla el cambio en la conformación de la junta de gobierno del actual Conacyt para dar participación a representantes de las secretarías federales, así como se limita el peso de los órganos colegiados, que se convertirían en órganos de consulta sin facultad para tomar decisiones.

Buena parte de la comunidad académica ciertamente reconoce la necesidad de una nueva legislación en la materia y es plausible el interés por garantizar el derecho humano a la ciencia y la tecnología; sin embargo, los términos del proyecto presentado por el Presidente ha generado una atmósfera de incertidumbre y ­preocupación.

La centralización de la dirección del Conacyt, la ausencia de criterios claros sobre la gestión de la agenda de investigación, la ausencia de mecanismos concretos que garanticen el derecho a la ciencia, la pérdida de autonomía administrativa, operativa y presupuestal de los centros públicos de investigación y la alineación de la labor académica a la agenda gubernamental nacional, lejos de propiciar que se verifique en los hechos el derecho al goce de los beneficios de la ciencia y la tecnología establecidos en el artículo 3 reformado en 2019, lo ponen en tela de juicio.

Esta iniciativa de ley alimenta la preocupación por el desmantelamiento de organismos autónomos y especializados, además de profundizar el papel periférico que el gobierno da a las instituciones privadas, cuya diversidad de identidades y proyectos parece no reconocer. Por eso es pertinente hacer un llamado para llevar a cabo ejercicios de parlamento abierto efectivos en torno de esta iniciativa, que garanticen la inclusión de los diversos actores en la materia en toda su pluralidad, de manera que esta coyuntura permita refrendar una perspectiva democrática del acceso a la ciencia y la tecnología, y su reivindicación como derecho humano, tal como el propio proyecto pretende.

Reconocer tal derecho y plasmarlo en una nueva ley general es, por supuesto, plausible; sin embargo, para que no sea más que una carta de buenas intenciones, este derecho debe tutelarse, lo cual supone que el Estado y sus instituciones provean las herramientas y mecanismos específicos y suficientes que garanticen su exigibilidad, y ello no se esclarece cabalmente en el proyecto de ley. De modo que ahora es urgente llevar a cabo la tarea de diseñar colectivamente y explicitar en la ley los mecanismos pertinentes y concretos para garantizar el mejoramiento de las prácticas educativas y académicas en nuestro país, así como el mejoramiento de su ecosistema de investigación.

Dado el alto interés estratégico que este asunto reviste para el futuro del país, es necesario que la sociedad mexicana, particularmente los actores del campo educativo y de la investigación, alienten y participen activamente en las discusiones en la materia, en el marco de los procesos de consulta y parlamento abierto que deben llevarse a cabo. Es imprescindible que la nueva ley asegure la libertad de investigación, garantice un presupuesto suficiente para el desarrollo de las humanidades, la ciencia y la tecnología, e incluya un sistema de gobernanza verdaderamente inclusivo que respete tanto el federalismo como el espíritu democrático expresado en la representación de actores del sector público, privado y de la sociedad civil.