El Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa aceptó analizar la impugnación de la UNAM y FES Aragón, contra la orden de una juez federal que ordenó abstenerse de emitir alguna resolución definitiva en caso de que la ministra Yazmín Esquivel Mossa, sobre el proceso que se le sigue por el supuesto plagio de su tesis de licenciatura.

Y es que la juez también instruyó que las autoridades universitarias tampoco podrán emitir comunicados u ofrecer conferencias de prensa en las que divulguen información del caso, ya que ello atenta contra el principio de presunción de inocencia.

Ayer estaba programada la audiencia incidental donde Sandra de Jesús Zúñiga, jueza Quinto de Distrito en Materia Administrativa resolvería si concedía la suspensión definitiva a la ministra Esquivel Mossa.

No obstante, el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, la presidenta del Comité Universitario de Ética, Integrantes del Comité; así como el director e Integrantes del Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, impugnaron el fallo.

Por ello, la impartidora de justicia turnó el caso al tribunal colegiado en materia administrativa para que en los próximos días se pronuncié si es fundado o no el recurso de queja, que mantiene congelada cualquier resolución que decida el Comité de Ética sobre el caso de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Agréguense los oficios de cuenta, del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que contienen insertos los proveídos de 21 de febrero de 2023, dictados en los recursos de queja Q.A. I b 77/2023, Q.A. I b 78/2023 y Q.A. I b 76/2023, del que se advierte que dicho Tribunal acusa recibo y admite a trámite los referidos recursos”.

Al respecto, la juez Sandra de Jesús Zúñiga aplazó la audiencia para el próximo 28 de febrero donde determinará si le concede o no a Mossa Esquivel la suspensión definitiva “a fin de dar tiempo a que la autoridad responsable en el presente asunto esté en aptitud de rendir su informe previo, se difiere la audiencia señalada para esta fecha.

“Se le requiere para que rinda su informe previo, dentro del término de 48 horas en que quede notificada, apercibida que de no hacerlo se presumirá cierto el acto reclamado al momento de resolver la suspensión definitiva y se le impondrá una multa de cien a mil días de salario mínimo vigente”, señala el acuerdo de la juez.