San Cristóbal de Las Casas, Chis. La disputa por el control de la Caja Popular San Juan Bosco por dos grupos internos ha ocasionado incertidumbre y el temor de perder su dinero, a más de 80 mil ahorradores de ocho municipios de Chiapas, pues ambas fracciones se acusan de haber realizado con opacidad gastos globales de operación y salarios, entre otros, por alrededor de 300 millones de pesos.

El pleito ha provocado que los dos grupos hayan interpuesto en conjunto una decena de denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE); la intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y del Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores (Focoop), así como del Servicio de Administración Tributaria (SAT), entre otras instancias.

Además, ha ocasionado el cierre temporal de cuatro sucursales en San Cristóbal y que se congelen 18 cuentas en Banorte y una en Bancomer “para evitar retiros, transferencias, traspasos o pagos indebidos a proveedores”.

Uno de los grupos, cuyo vocero es Javier Valdiviezo Sánchez, acusó al ex alcalde de San Cristóbal y ex dirigente del partido Podemos Mover a Chiapas, Enoc Hernández Cruz, de “apoderarse ilegalmente” de la cooperativa y ordenar retiros para gastos diversos por alrededor de 90 millones de pesos desde hace sies meses en que tomó el control.

Hernández Cruz, quien dijo ser el gerente general y apoderado legal, afirmó que su grupo “tiene la legalidad y la personalidad jurídica”, mientras que la fracción a la que pertenece Valdiviezo Sánchez está formada por 22 personas que “ya no son socias, pues fueron dadas de baja -exclusión se llama el proceso- desde octubre pasado por estar relacionadas en una auditoría realizada entre 2017 y 2022 y sólo en el rubro de seguro de vida se les encontró un faltante de 54 millones 200 mil pesos”.

La caja de ahorro, con sede en San Cristóbal, fue fundada hace 35 años y según Hernández Cruz cuenta con 60 mil socios mayores de 18 años y 20 mil menores y 16 sucursales en ocho municipios; tiene 300 empleados y 21 edificios propios y un capital activo que no dio a conocer porque “ese dato lo tiene la CNBV”.

Los problemas por la disputa de la cooperativa se agravaron en junio pasado, cuando uno de los grupos tomó el control, pero luego fue desplazado por otro y así sucesivamente, lo que durante seis meses la ha mantenido en la inestabilidad operativa y ha provocado incertidumbre, temor y zozobra entre los socios, muchos de los cuales retiraron sus ahorros.

Javier Valdiviezo, respaldado entre otros por José Antonio Flores, uno de los fundadores que durante 35 años mantuvo el control total como gerente, aseguró en conferencia de prensa, que en seis meses en que “ilegalmente se apropió de la dirección” de la cooperativa, Hernández Cruz “ordenó retiros” para gastos diversos por alrededor de 100 millones de pesos y se autoasignó un salario mensual de más de 100 mil pesos. El aludido aseguró que gana un sueldo neto de 38 mil pesos.

“Hernández Cruz ha realizado gestiones a nombre de la Sociedad Cooperativa, hasta de índole fiscal y bancaria, con el claro fin de realizar un mega fraude, desfalco y quebranto de la Caja Popular San Juan Bosco, con el fin de enriquecerse ilícitamente, lo cual es del conocimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno federal, mediante denuncia presentada en formato electrónica, el 10 de febrero”, agregó.

Acompañado por varias personas que dijo integran el consejo de administración y el consejo de vigilancia, manifestó que “el 17 el agosto de 2022, Hernández Cruz irrumpió de manera violenta en el corporativo fuera del horario labores con una abogada y diversas personas, entre ellas, algunos trabajadores”, por lo que se presentó una denuncia ante la FGE.

Además, abundó, “se cuenta con una denuncia ante el juzgado primero Civil y se presentaron diversos amparos, que trajeron como consecuencia la intervención de la CNBV y del informe del Focoop, que realizó diversas observaciones, como que “no cumplió con lo dispuesto en lo establecido en el artículo 42 de las bases constitutivas de Caja Popular San Juan Bosco. S.A de A.P de R.L de C.V. para efectos de la celebración de las asambleas generales, tanto ordinarias como extraordinarias”.

Señaló que ante “la ilegalidad” mediante la cual Hernández Cruz se “posesionó” de la Caja, la CNBV “orientó al legitimo consejo de administración designado en asamblea anual ordinaria en 2022, a presentar la acción judicial ante el tribunal civil correspondiente”.

Expresó que entre octubre y diciembre “se presupuestaron” 43 millones de pesos para gastos y se erogaron 56 millones, además de que en ese período “se incrementaron los registros en el rubro de seguridad y vigilancia duplicándose el gasto mensual por aproximadamente 500 mil pesos por mes: 260 mil a la seguridad del corporativo y 280 mil a la seguridad de sucursales locales”.

Enoc Hernández a su vez, sostuvo que “el control administrativo, contable y financiero legal lo tenemos nosotros, el consejo de administración que encabeza Rosa López Moreno. En total son siete los consejeros y cinco del consejo de vigilancia y tres del comité de crédito”.

Añadió que un proveedor contratado por el grupo contrario, cobró entre 2002 y 2022 más de 100 millones de pesos a la cooperativa por servicios que brindaba con equipo de la propia cooperativa, aparte de otros 42 millones de 2013 a 2022.

Señaló que por cuestiones de seguridad, el domicilio fiscal de la cooperativa fue cambiado a Tuxtla Gutiérrez, según la autorización de las instancias correspondientes, a partir del 21 de este mes, porque el otro grupo tiene “posesión ilegal de lo que era la sede del corporativo en San Cristóbal”.

Dijo que el Instituto Nacional del Seguro Social (IMSS) “ya nos entregó las tarjetas patronales que sirven para altas y bajas de la nómina de los socios”, a quienes pidió que por ahora “eviten hacer depósitos y pagos de préstamos porque están congeladas las cuentas”.

Comentó que 48 trabajadores han sido dados de baja “y le pedimos al SAT el cierre temporal de cuatro sucursales ubicadas en los barrios de María Auxiliadora, San Ramón, Guadalupe y Mexicanos, de San Cristóbal, por lo que cualquier acción que realice el otro grupo a partir del 21, ya no es un daño a la cooperativa, sino a la federación, pues estarían incurriendo en evasión fiscal; les vamos a dar de alta hasta que la Fiscalía restablezca el orden y la legalidad y haya condiciones para reabrirlas y reanudar las operaciones”.

Los dos grupos, que sostienen cuentan con la representatividad legal, han afirmado que el dinero de los socios “está seguro”, ya que, si la cooperativa se fuera a la quiebra, el Focoop tiene un fondo de reserva con dinero para pagar a los socios.