“Nos quieren asestar una derrota estratégica y meterse en nuestras instalaciones nucleares. Por eso me veo obligado a anunciar hoy que Rusia suspende su participación en el tratado sobre armamento estratégico ofensivo START-III”. Eso dijo Vladimir Putin ante la Asamblea Federal de Rusia el pasado martes, aunque aclaró que la suspensión es temporal: Rusia mantendrá un enfoque responsable y seguirá respetando durante el periodo de vigencia del tratado (hasta 2026) las limitaciones cuantitativas de las armas estratégicas ofensivas.
Esta medida resulta de la riesgosa diplomacia de fuerza empleada por Estados Unidos, como el sabotaje a los gasoductos Nord Stream, promoviendo un grave entorno de seguridad alterada para Rusia.
El involucramiento de EU, negado por sus autoridades, fue denunciado por el notable periodista de investigación Seymour Hersh, precedido por sus altamente significativas revelaciones de la diplomacia de fuerza de su país entre los que ahora resalto el develamiento de las atrocidades en la masacre de My Lai; su libro sobre la activa participación del gobierno de Nixon-Kissinger en el sangriento golpe de Estado que acabó con la vida y el gobierno constitucional de Salvador Allende en Chile (vease The Price of Power, 1983) , el uso de la tortura y degradación de prisioneros en Abu Ghraib, Irak, entre otros acontecimientos de esta naturaleza.
A esas atrocidades, ahora agrega el involucramiento del gobierno de Joe Biden, junto con Noruega, en las explosiones del gasoducto Nord Stream 2.
Mientras el aparato corporativo de comunicación aleja a la opinión pública lo más posible de toda reflexión de los impactos históricos y geopolíticos y de sus órdenes de magnitud en ambas direcciones (crímenes de guerra y violaciones constitucionales), Alfredo Jalife-Rahme (Bajo la Lupa, 12/2/23) nos comparte una valiosa precisión de Thierry Meyssan, fundador y director del medio Red Voltaire, sobre el impacto de esos ilegales e inconstitucionales ataques a la principal fuente energética de Europa y específicamente de Alemania: “La voladura de los gasoductos Nord Stream y Nord Stream 2 es el acto de sabotaje más importante realizado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial”.
Por su parte en reciente entrevista a un medio alemán Hersh señaló que “Por supuesto, hay muchas formas de verificar la información poco conocida que se comparte conmigo. Los ataques personales contra mí también distorsionan la cuestión. El hecho es que Biden decidió dejar que los alemanes se congelaran este invierno. El presidente de EU prefiere que Alemania se paralice a que deje de apoyar a Ucrania, y para mí esto es algo devastador para esta Casa Blanca” (Ver sputniknews.lat,15/2/23).
El contexto de este evento es complejo, ilegal, un acto de terrorismo de Estado y no se justifica ni a nivel nacional ni internacional, como lo dice Andrew P. Napolitano, quien fuera profesor de leyes y juez del Tribunal Supremo de New Jersey, actualmente comentarista de temas legales y constitucionales, de los cuales tiene nueve libros publicados.
En un análisis sobre la guerra en Ucrania ( Washington Times, Sputniknews.lat) devela la complejidad del fenómeno repasando acciones del gobierno Biden, “desde armar a Kiev y prolongar un conflicto sólo para perseguir la agenda unipolar de Estados Unidos, hasta la coerción a la prensa para que narre una versión distorsionada de los eventos …siendo lo más indignante el accionar terrorista de la Casa Blanca, al haber estado detrás de la explosión de los gasoductos Nord Stream en septiembre de 2022”.
Napolitano tilda este accionar de “acto de guerra contra un aliado, Alemania, y contra un adversario putativo, pero con el que Estados Unidos nunca ha estado en guerra, Rusia. ¿Puede el presidente desplegar legalmente la violencia a otro país, ya sea aliado o adversario, sin una clara necesidad militar? En una palabra, no”. Según la Constitución sólo el Congreso puede declarar la guerra, debe haber una base moral y legal (una amenaza militar creíble de un ejército extranjero) para tal declaración, pero este acto violento “no sólo fue sin previo aviso, no fue defensivo ni tenía la intención de salvar vidas en peligro inmediato por parte de un ejército extranjero. Y fue contra un aliado”, buscando debilitar las economías de ambos países y las relaciones entre Alemania y Rusia, por lo que se trata de un crimen de guerra perpetrado por la administración Biden.
“Las élites en el gobierno, los medios de comunicación y el complejo militar-industrial-bancario que compra y moldea la opinión pública no tienen brújula moral, no entienden la historia, no son fieles a la Constitución y no tienen escrúpulos sobre la aniquilación de inocentes”, concluye.
