El ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite siete acciones de inconstitucionalidad contra las reformas a las leyes General de Comunicación Social (LGCS) y General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), consideradas como la primera etapa del plan B, y ordenó que se suspenda su aplicación en el estado de México y Coahuila, donde habrá elecciones este año, en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no resuelva en fondo estos juicios.

“Por ende, hasta en tanto se dicte sentencia en este medio de control constitucional, ha lugar a suspender los efectos y consecuencias del decreto para que no rija en las entidades federativas a que se ha hecho referencia; considerando que el contenido del decreto reclamado puede calificarse como una modificación legal fundamental, porque su objetivo, según el procedimiento legislativo, es el de clarificar el alcance y contenido de diversos conceptos, entre ellos el de propaganda gubernamental”, señala el acuerdo del ministro Pérez Dayán.

Las acciones de inconstitucionalidad 29/2023, 30/2023, 31/2023, 37/2023, 38/2023, 43/2023 Y 47/2023 fueron presentadas por diputados y senadores de oposición, así como las dirigencias nacionales de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y Hagamos, institución local de Jalisco.

Pérez Dayán justificó su decisión al señalar que “de no concederse la medida solicitada se afectarían irreparablemente los derechos fundamentales y los principios democráticos que se aducen como vulnerados, ocasionando con ello daños irreversibles para el derecho ciudadano de revocación de mandato y todos los derechos inmersos en los procesos electorales”.

Los legisladores y partidos quejosos sostienen que las reformas a dichas leyes modifican el concepto de propaganda, permitiendo a los servidores públicos emitir sus opiniones políticas aún en tiempos de campañas electorales.

Las reformas impugnadas también disminuyen el gasto público de estados y municipios en comunicación social, hasta 0.1 por ciento, lo que la oposición considera que los pone en desventaja.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) también analiza una propuesta sobre el tema, en la cual estima que la reforma a la LGCS no podría aplicarse en las próximas elecciones de Coahuila debido a que se emitió dentro de los 90 días previos al inicio del proceso electoral local, que comenzó el primero de enero. Sin embargo, tampoco ha emitido una sentencia firme al respecto.