Autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Facultad de Estudios Superiores Aragón impugnaron la suspensión provisional que un juez federal le otorgó a la ministra Yasmín Esquivel Mossa, contra el acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la integración, conformación y registro de los comités de ética de esa casa de estudios, encargados de investigar el supuesto plagio de su tesis de licenciatura.

EL recurso de queja lo promovieron el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, la presidenta del Comité Universitario de Ética, Integrantes del Comité; así como el director e Integrantes del Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón.

El caso se turnó a un tribunal colegiado en materia administrativa, quien en los próximos días determinará si confirma, modifica o revoca el fallo de primera instancia.

“Con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, se tienen por presentados los recursos, notifíquese a las demás partes la interposición de los mismos, remítanse los oficios de expresión de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, y ríndase el informe justificado sobre la materia de la queja en el sentido de que es cierto que este órgano jurisdiccional emitió el auto de 15 de febrero de 2023”, señala el acuerdo de la juez que le concedió la medida cautelar a la ministra.

Se atenta la presunción de inocencia

La semana pasada, Sandra de Jesús Zuñiga, juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, le concedió la suspensión provisional a Mossa Esquivel, quien presentó el recurso de amparo el 13 de febrero, en el que argumentó que dicho acuerdo viola los artículos 14 y 16 de la Constitución federal.

La juez ordenó UNAM abstenerse de emitir alguna resolución definitiva en caso de que la ministra Yasmín Esquivel Mossa se encuentre sometida a algún procedimiento administrativo por el caso del plagio de su tesis de licenciatura. Además, las autoridades universitarias tampoco podrán emitir comunicados u ofrecer conferencias de prensa en las que divulguen información del caso, ya que ello atenta contra el principio de presunción de inocencia.

Agregó que a pesar de que se trata de un asunto mediático, debido a su amplia difusión a través de los diversos medios de comunicación, todos los órganos del Estado “tienen la obligación de no condenar informalmente a una persona o emitir juicio ante la sociedad, mientras no se acredite su responsabilidad, pues al hacerlo, así sea sin mencionar el nombre, pero dando datos precisos que permiten saber de qué persona se trata, trae como consecuencia la vulneración del derecho fundamental de presunción de inocencia.

Apuntó que no solo las autoridades responsables están obligadas a cumplir con este mandato judicial, sino también todas aquellas que en virtud de sus funciones tengan intervención, participación o injerencia en relación con el acto reclamado.