Durante su ejercicio como titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), Genaro García Luna fue acusado por el incremento de diversas violaciones a derechos humanos: tortura, desapariciones forzadas, fabricación de culpables, abuso de figuras como el arraigo, detenciones arbitrarias, entre otros delitos. A la fecha, víctimas de agentes a su cargo siguen clamando justicia y llevando sus casos ante organismos internacionales.
En 2012, el entonces presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, aseveró en el Senado que entre 2005 y 2012 se recibieron 34 mil 385 quejas contra servidores públicos adscritos a las áreas de seguridad en el ámbito federal, un incremento de 84 por ciento en los últimos tres años, concentrado principalmente en los rubros ya mencionados, así como cateos ilegales y ejecuciones.
En aquel momento, señaló que durante el sexenio de Felipe Calderón, cuando García Luna era secretario de Seguridad Pública, los casos de tortura crecieron 500 por ciento, e indicó que de 2005 a 2012 la CNDH recibió más de 9 mil quejas relacionadas con detenciones arbitrarias, lo que significó un incrementó de 121 por ciento en dicho periodo.
Cabe recordar que mientras García Luna encabezaba la AFI, en la administración de Vicente Fox, en 2005 se llevó a cabo el montaje de un operativo en el que se detuvo a Israel Vallarta –aún en prisión– y su entonces pareja sentimental, la francesa Florence Cassez. Por esos hechos, la CNDH presentó en 2013 una denuncia penal contra 21 ex funcionarios y servidores públicos de la entonces Procuraduría General de la República –entre ellos el director de la citada agencia–, por delitos contra la administración de justicia, abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público.
Respecto a las desapariciones, en el contexto de la guerra contra el narcotráfico los reportes pasaron de menos de mil en 2006 a más de 10 mil 700 en 2012, según datos oficiales.
Víctor Dávila Leal, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, quien acompaña casos de víctimas relacionados con la gestión del ex secretario de Seguridad, expuso que lo que caracterizó a este periodo fue la guerra contra el narcotráfico y dado que el gobierno federal estaba interesado en mostrar resultados y legitimar el uso de la fuerza, se dio la fabricación de culpables.
También, destacó, “hubo un auge de la figura del arraigo para perseguir crímenes de delincuencia organizada”.
A la fecha, recordó, “hay muchos casos (de víctimas) de ese periodo”, uno de ellos es el del ex coordinador de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal, Javier Herrera Valles, quien dijo “conocer que García Luna tenía indicios con narcotráfico, que había corrupción y que él estaba facilitando el trasiego de drogas”. Ante ello, “se comete una persecución en su contra y duró cuatro años aproximadamente en prisión”.
También está el caso de Luis Ángel León Rodríguez, ex policía federal que desapareció en 2009 en Michoacán. La semana pasada, al denunciar los hechos ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, su madre, Araceli Rodríguez, dijo que cuando ya había pasado un año de la desaparición de su hijo y otros siete elementos, García Luna la “amenazó de muerte” y le pidió “dejar de estar buscando culpables”.
