Cáustico como siempre, el repudio popular ha rebautizado a la nueva presidenta peruana como Dina Balearte o, para variar, Dina asesina, en referencia a los 60 ciudadanos muertos por el tremendo delito de manifestar.
Legalmente presidenta, según la ley de sucesión constitucional, pero ilegítima en los hechos por sustituir un presidente ilegalmente destituido y encarcelado –y de todos modos no la primera presidenta peruana, que para ser precisos fue Mercedes Araoz, ministra apodada Miss Bagua por ser la causante de una matanza amazónica, quien tuvo al menos la inteligencia de dimitir en unas horas el 1° de octubre de 2019– Dina Boluarte tiene un currículo breve pero significativo.
Abogada sesentona, es originaria de Chalhuanca, ciudad del departamento de Apurimac, con 30 mil habitantes, en la vertiente oriental de los Andes, a casi 3 mil metros de altura, lo que le da un estatus de clase alta tan sólo por la blancura de su piel. Licenciada en leyes en la universidad limeña de San Martín de Porres, ha escalado el primer peldaño de su carrera transformándose de provinciana cualquiera en abogada limeña.
Chalhuanca es conocida por ser la última que celebra la Yawar Fiesta (Fiesta de Sangre), cuyo evento central es la lucha entre un toro y un cóndor atado en su espalda, frecuentemente mortal para uno de los dos animales. Al centro de una novela famosa de José María Arguedas, esta ceremonia-corrida –en la que el toro representa el elemento hispánico o el gamonal, el terrateniente, y el cóndor el nativo andino o el campesino– ha sido prohibida por las autoridades republicanas, desapareciendo paulatinamente, con la excepción de Chalhuanca, que sigue celebrándola en los días del aniversario de la Independencia, a finales de julio.
La abogada Dina Boluarte Zegarra ha trabajado 15 años como responsable legal del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. En 2018 emergen sus ambiciones políticas y presenta su candidatura para un distrito limeño y luego, en 2020, a las elecciones parlamentarias, aunque nunca ganó.
De origen izquierdista, cuando defendía a los campesinos, como presidenta se ha lanzado con entusiasmo a los brazos de la extrema derecha, revelándose tal cual es. Cuando Pedro Castillo triunfó en los comicios presidenciales de 2021 por el partido Perú Libre, ella era candidata a la primera vicepresidencia (en Perú hay dos). Al ocupar el cargo, la Boluarte no quiso renunciar al empleo de funcionaria en el registro civil, como ordena la ley, aduciendo que el cargo político podría no ser duradero, y renunció –abusivamente– sólo en abril de 2022. La escasa observancia de la ley por la abogada-presidente se ve claramente en una denuncia constitucional de la que ha sido objeto por presidir un club privado de Apurimac, actividad incompatible con cargos públicos. La denuncia fue archivada gracias a la complicidad mafiosa vigente entre los congresistas peruanos. Más difícil le será librarse de la denuncia ante la Corte Penal Internacional por genocidio y crímenes de lesa humanidad merecida por los 60 muertos –hasta ahora– producto de la represión a las manifestaciones en su contra.
Tiene perfectamente razón Gustavo Petro, el presidente de Colombia, al comparar la policía peruana a los nazis: la mayoría de las víctimas eran ciudadanos inermes –algunos ni manifestantes– que recibieron balazos en el pecho, la espalda y la cabeza disparados por fusiles de asalto Galil. E igual razón tiene el presidente López Obrador –a pesar de las protestas peruanas– a no querer pasar la presidencia de la Alianza del Pacifico a una presidenta “espuria”.
Es impresionante ver cómo, gracias a su total incomprensión de las relaciones internacionales, Boluarte se haya enemistado con varios países sudamericanos en menos de dos meses. A partir de México, cuyo gesto de otorgar asilo a la familia de Pedro Castillo ha llegado a interpretar como injerencia, ignorando la noble tradición mexicana en la materia. Al punto que el embajador mexicano ha sido declarado persona no grata y expulsado de Perú, proscrito como Evo Morales, acusado de fomentar las protestas contra el Ejecutivo peruano (que no tienen la mínima necesidad de ser fomentadas).
México, Argentina, Colombia, Bolivia y Chile han manifestado rotundamente su repudio al gobierno golpista de Perú y a la terca negativa de adelantar las elecciones, cerrar el Congreso, abrir una constituyente y liberar el presidente Castillo, que es lo que reclama la mayoría de los peruanos.
La hipocresía de Boluarte empapa todas sus declaraciones, desde las que acusan de “terroristas” a los manifestantes hasta las que absuelven como angelitos a los policías asesinos. Un botón de muestra: a pocos días de asumir la presidencia y cuando ya las fuerzas represivas estaban sembrando los primeros muertos, declaró: “Quiero empezar agradeciendo al desplazamiento inmaculado de la policía nacional”. Ha pasado poco más de un año desde que declaró en un discurso que, si Pedro Castillo fuese “vacado”, ella también renunciaría. La verdad es que, aunque en palabras se declara favorable a un adelanto de las elecciones, quiere quedarse aferrada a la silla presidencial hasta 2026, así como la mayoría del Congreso a sus curules.
Es difícil predecir cuándo ganará el pueblo peruano sobre una presidenta espuria y detestada. Lo cierto es que Dina Boluarte, hasta el último día de su vida, despedirá olor a muerte.
* Periodista italiano
