Madrid. Miles de aymaras mantuvieron ayer las protestas en la región de Puno, en el sur de Perú, para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, y reiteraron que si el gobierno continúa con el envío de militares a su territorio se desencadenará una “guerra civil”.
“No nos vamos a cansar. La huelga continúa. Para nosotros no hay diálogo. Lo único que queremos es que Dina Boluarte renuncie”, exclamó David Yujra, vocero de la sociedad civil de la provincia de Puno, citado por el diario La República. “Pese a que han matado a 21 de nuestros paisanos, ahora quieren humillarnos más enviando al ejército. Cada vez nos provocan más, pero seguiremos pase lo que pase”, advirtió.
La huelga indefinida en Puno, que comenzó el pasado 4 de enero, casi un mes después de la detención del ex presidente Pedro Castillo por intentar cerrar el Congreso, cumple 48 días.
El lunes pasado, miles de ciudadanos de las diferentes provincias de esta región del altiplano peruano reanudaron las protestas, reuniendo a cerca de 20 mil aymaras en la capital.
En los próximos días miles de personas de las 13 provincias de esta región tienen previsto marchar hacia Lima para exigir la renuncia de la mandataria, la disolución del Congreso y la liberación de Castillo. Desde el pasado 7 de diciembre se han llevado a cabo numerosas protestas civiles en todo el país, lo que ha dejado 59 muertos por la represión.
Formalizan indagatoria contra Pedro Castillo
En tanto, la Fiscalía informó que formalizó una investigación contra Castillo como presunto autor de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cómplice de colusión cometidos durante su administración, entre julio de 2021 hasta el 7 de diciembre pasado, luego de que el Congreso aprobó acusarlo constitucionalmente por esos delitos.
Además, se formalizó una indagatoria contra los ex ministros de Transporte Juan Silva, y de Vivienda, Geiner Alvarado, involucrados en el caso del mandatario depuesto. Con ello, la Fiscalía pretende conocer más detalles sobre una supuesta red criminal que buscaba favorecer al consorcio Puente Tarata III y a otras compañías en procesos de licitación pública.
