Ciudad de México. Un juez federal le negó la suspensión definitiva a Brenda Quevedo Cruz, una de las presuntas involucradas en el plagio y homicidio de Hugo Alberto Wallace en julio de 2005, para que autoridades de la Alcaldía Xochimilco retiraran los anuncios espectaculares de la empresa de publicidad Showcase, que la exhiben como supuesta secuestradora.

Dicha compañía es propiedad de Isabel Miranda de Wallace, quien colocó los anuncios en principales vías de circulación vehicular para denunciar a los presuntos secuestradores de su hijo.

El Jugado Primero de Distrito en Materia Administrativa, rechazó otorgarle la medida cautelar para obligar a la Alcaldía revisar los anuncios publicitarios.

Quevedo Cruz promovió el juicio de amparo el pasado mes de noviembre y entre los actos que reclamó fueron “la omisión de ordenar la visita de verificación, así como de verificar la licencia o permiso, relativos a los anuncios de la empresa Showcase Publicidad, Sociedad Anónima de Capital Variable, relacionados con la imagen de la quejosa y con el llamado "Caso Wallace", publicados en la demarcación de la responsable.

“La omisión de dictar medida cautelar o de seguridad que cubra o realice cualquier otra acción que impida la visibilidad, así como de iniciar el procedimiento administrativo sancionador en contra de la o las personas servidoras públicas que otorgaron la licencia y/o permiso, ambos relacionados con la empresa Showcase Publicidad, Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto de los anuncios publicitarios relacionados con el llamado "Caso Wallace".

Quevedo Cruz fue extraditada en 2009 de Estados Unidos a México, luego de ser entregada a personal de la Policía Federal para cumplir la orden de aprehensión librada por el juzgado 16 de distrito penal con sede en la ciudad de México, por su probable responsabilidad en la comisión de delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad. La imputada fue detenida en Louisville, Kentucky, Estados Unidos, por autoridades de ese país, en noviembre de 2007 y un mes después de su captura el gobierno mexicano solicitó su extradición.

En octubre de 2020, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de Naciones Unidas (ONU) emitió un documento oficial en el que pidió su inmediata liberación, luego de encontrar graves violaciones a las garantías del debido proceso, como la presunción de inocencia y el derecho a ser juzgada sin dilaciones indebidas. Sin embargo, a la fecha sigue privada de la libertad.