Estados Unidos es el más importante productor, consumidor y exportador de maíz del mundo. Pero sus cosechas sirven para alimentar ganado y automóviles, fabricar edulcorantes de alta fructosa, botanas, alcoholes, aceites y, marginalmente, para que la gente coma. Cerca de 60 por ciento del consumo local del grano se destina a usos industriales, de manera relevante a la elaboración de etanol. El cultivo es un negocio, no parte de su cultura.
Aunque el maíz se siembra en casi todo Estados Unidos, principalmente con semillas genéticamente modificadas, su producción se concentra en los estados del cinturón maicero, que incluye entidades como Iowa, Illinois, Indiana, Nebraska, Kansas, Minnesota y Misuri. En muchas de ellas la fuerza política principal es el Partido Republicano. En su mayoría, se cultiva en ranchos altamente mecanizados, de más de 500 hectáreas. El número de granjeros familiares que se dedica a esta actividad disminuye cada año.
Este cereal es el producto agrícola al que más subsidios destina Washington. En 2019 recibió 2 mil 200 millones de dólares (https://rb.gy/bqbp38). Éstos benefician más a las grandes empresas agroindustriales que a los productores, y a los grandes granjeros sobre los pequeños agricultores familiares. Como demostró Ana de Ita desde 1997, en el libro Espejismo y realidad: el TLCAN tres años después, coordinado por Andrés Peñaloza y Alberto Arroyo, estas subvenciones son un verdadero dumping contra campesinos y agricultores mexicanos.
EU exporta entre 10 y 20 por ciento del volumen total de su producción subsidiada, a países como México, China, Japón y Colombia. Para colocar sin cortapisas su cereal en otros países, presiona/negocia el acceso a sus mercados y el desmantelamiento a protecciones soberanas, a través de acuerdos de libre comercio. Así lo hizo con México, primero con el TLCAN y ahora con el T-MEC. Compite con Brasil, Argentina y Ucrania, que han incrementado su presencia en el mercado mundial del grano.
Las exportaciones agrícolas del Tío Sam no son sólo un negocio. Van más allá. La producción de alimentos es un arma clave y poderosa que ha aceitado desde hace décadas. Como ha señalado Peter Rosset, guerra, alimentos y derechos de propiedad intelectual están estrechamente vinculados a la estrategia económica de la Casa Blanca desde la década de 1970. Desarrollo de la industria militar, producción masiva de granos y patentes han sido pilares de la hegemonía estadunidense en la economía mundial. La comida es un instrumento de presión imperial.
A confesión de parte, relevo de pruebas. John Block, secretario de Agricultura entre 1981 y 1985, afirmó: “El esfuerzo de algunos países en vías de desarrollo para volverse autosuficientes en la producción de alimentos debe ser un recuerdo de épocas pasadas. Estos países podrían ahorrar dinero importando alimentos de Estados Unidos”. Los productos agrícolas made in USA son una de las principales mercancías de exportación de ese país. Con su mercado interno saturado está empujando, agresivamente, para abrir las fronteras a sus productos agroalimentarios.
El presidente George W. Bush lo ratificó al firmar la Ley de Seguridad para las Granjas e Inversión Rural de 2002: “Los estadunidenses no pueden comer todo lo que los agricultores y rancheros del país producen. Por ello tiene sentido exportar más alimentos. Hoy 25 por ciento de los ingresos agrícolas estadunidenses provienen de exportaciones, lo que significa que el acceso a los mercados exteriores es crucial para la sobrevivencia de nuestros agricultores y rancheros. Permítanme ponerlo tan sencillo como puedo: nosotros queremos vender nuestro ganado, maíz y frijoles a la gente en el mundo que necesita comer”.
A finales de este año, deberá aprobarse la nueva Farm Bill, el Plan Quinquenal que regula las políticas agrícolas del vecino del norte. En la discusión se mezclan el interés del Tío Sam por seguir haciendo de los alimentos un arma de control de otras naciones y un gran negocio, los votos de los agricultores del cinturón maicero y los intereses de las grandes agroindustrias. En medio de ese debate cayó como bomba el decreto mexicano del 14 de febrero, de prohibir el uso de maíz trangénico para el consumo humano de masa y tortilla. De inmediato, los intereses se movieron para presionar a México.
Según Tom Haag, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Maíz, “la administración Biden ha sido más que paciente con México, ya que los funcionarios estadunidenses han tratado de hacer cumplir un sistema de comercio basado en reglas y defender a los agricultores estadunidenses”. Ahora, añadió, “está en juego la integridad del T-MEC, firmado por el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Darle una atención especial al maíz, nuestra exportación agrícola número uno a México, y apresurar la prohibición de importar numerosos tipos de categorías alimentarias, provoca que el T-MEC sea letra muerta, a menos que se haga cumplir”.
Neil Caskey, vicepresidente de esa asociación, fue más lejos: “Siempre hemos creído que esto finalmente se resolvería a través del proceso de resolución de disputas del acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá. Hoy estamos instando a la administración a que inicie ese proceso de inmediato”.
La guerra del maíz entre EU y México escaló. A menos que el grano se convierta en pieza de cambio de otras negociaciones mayores, lo que hoy se juega es el margen real que nuestro país tiene para una política de autosuficiencia alimentaria en el marco del T-MEC.
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