Chilpancingo, Gro. En el informe 28 del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador “no cumplió su promesa” de resolver este caso “topara con quien topara”.

Reconoció que a pesar de que se conformó una comisión y una fiscalía especial, además de que se giraron 83 órdenes de aprehensión, 20 contra militares, la palabra del presidente no se ha cumplido, recalcó.

Al informe asistió el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández Maldonado.

Vidulfo Rosales insistió en que el Ejército ha recibido al menos 30 oficios de solicitud de información, incluido uno del presidente. Sin embargo, acusó, “hoy en cambio somos espiados por las fuerzas federales”.

Sostuvo que el gobierno canceló 16 órdenes de aprehensión, entre ellos la de un militar de alto rango, y se ha naufragado en el caso Ayotzinapa, “y ya no vemos que en este sexenio se vaya a resolver”.

Por su parte, el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, al presentar el informe 43 el Naufragio por la Verdad, manifestó que éste se escribió “con las historias dolorosas de hombres y mujeres, familiares y organizaciones del estado de Guerrero que han estado en la línea de fuego, luchando por la presentación de sus hijos”.

Dijo que expresa “desde el corazón de la resistencia y las luchas, los rostros e historias que han logrado escribir en estos renglones torcidos de la legalidad en Guerrero, historias luminosas”.

Abel Barrera alertó además que en Guerrero “se vive una situación difícil por la expansión de los grupos criminales y un debilitamiento de las instituciones de seguridad que impide se garantice la seguridad de la población.”

Afirmó que en las siete regiones de la entidad, “hay más de 22 grupos de la delincuencia organizada que están usurpando el poder en términos del control territorial y están presentes en los poderes municipales, donde los ayuntamientos han cedido espacios y presupuesto a los grupos delictivos”.