Ciudad de México. A los amparos existentes para suspender el Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco se sumaron otros 700 que fueron interpuestos por tiendas y otros afiliados a la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), organización que también señaló el aumento de venta de cigarrillos ilegales, que incluso ya se producen en el país debido a las recientes prohibiciones.

Cuauhtémoc Rivera, presidente de la agrupación, indicó que aún es temprano para conocer el tamaño de la afectación económica por la prohibición para exhibir las cajetillas de cigarro en pequeños comercios, pero se estima que este producto representa hasta 25 por ciento de los ingresos de los micro negocios.

Anotó que el lunes la Anpec presentó 700 amparos que están englobados en 25 demandas colectivas de igual número de entidades federativas, aunque se espera que la cifra aumente en estos días, pues el viernes 24 de febrero es el límite para interponer el recurso legal.

El organismo que representa a más de 225 mil establecimientos como tienditas, también presentó una demanda nacional representativa.

Rivera subrayó que esta prohibición no tiene sentido, pues no sólo se da en un contexto en el que el consumo en pequeños comercios ha disminuido en 30 por ciento, sino porque argumenta que la exhibición de productos de tabaco es publicidad.

Indicó que a los comercios se les acusa desde la Secretaría de Salud de anteponer la salud de la población sobre intereses económicos, lo cual dijo es una idea errónea. “Las prohibiciones al final del día terminan por promover lo que buscan prohibir, no es de la mano de la prohibición lo que va llevar a obtener la salud pública”, dijo.

Anotó que de 127 millones de personas en el país, se estima que 16 millones fuman, dato que aumentó, pues en la pandemia se sumó un millón y la mayor parte de los nuevos fumadores son mujeres jóvenes.

El líder de pequeños comercios consideró que presentar los recursos legales se trató de un hecho histórico, aunque acotó que existe miedo entre muchos afiliados a represalias por parte de las autoridades en caso de participar en las acciones colectivas.

Denunció que “los más felices” con las medidas de prohibición de exhibición de la venta de cigarros en tiendas establecidas son los grupos delincuenciales que se dedican al contrabando de cigarrillos.

Comentó que existe toda una red criminal organizada que impide que en estados como Sinaloa, Zacatecas, Sonora, Chihuahua y San Luis Potosí se vendan cigarrillos fabricados legalmente, para vender los de contrabando o bien los que ya se fabrican en México de forma ilegal.

Anotó que mucha de esta mercancía ilícita es comercializada en puntos de venta cercanos a estaciones del metro en la Ciudad de México o del Metrobús en la misma urbe.

De acuerdo con la Anpec, de aceptarse los juicios de amparo, el proceso legal durará alrededor de 10 meses, pero prácticamente 12 meses para tener las primeras suspensiones.

“Esta lucha que hoy toma los cauces de una lucha legal busca impedir que se siente un precedente tan oprobioso como el de esta prohibición que abriría las puertas a una etapa oscurantista en el mercado mexicano en donde el Estado se erija como la santa inquisición que, a capricho discrecional, determine qué es lo que se puede o no exhibir para la venta en los distintos negocios”, dijo la Anpec.

Anotó que el “decreto prohibicionista pone en jaque a los 2 millones de autoempleos del pequeño comercio en México, a la operación comercial del millón 200 mil puntos de venta que encuentran en la comercialización de las cajetillas de cigarros un gancho que puede acumular y promover ventas mensuales de 25 por ciento de ticket”.

ConComercioPequeño interpone amparos

Gerardo Cleto López Becerra, presidente del Consejo para el Desarrollo en Pequeño y la Empresa Familiar (ConComercioPequeño), señaló que el sector inició 500 trámites en la Ciudad de México para ampararse contra el nuevo Reglamento de la Ley General para el Control de Tabaco.

Indicó que con “más de mil amparos solicitados, es el reglamento con mayores recursos interpuestos en su contra en la historia reciente del país, 20 de los cuales ya fueron otorgados”.

“El consumidor no está dejando de fumar, pues lo que está sucediendo es que va a comprar al ambulantaje que está en cada equina, cruce peatonal, salidas de metro o paradas de camiones”, indicó el dirigente quien informó que continuarán oponiéndose a la citada disposición.

Insistió en que en “el caso los cigarros que se venden en la vía pública, se ha demostrado, (incluso en decomisos de autoridades federales), que son de origen dudoso y fabricados con insumos que pueden ir desde pasto hasta con productos con heces fecales”.

En un mensaje que difundió este martes dijo, que, “en muchas tiendas de abarrotes ya no exhiben el producto, el consumidor no pregunta y da por hecho que no se tiene; en cambio, cuando pasan por los puntos del ambulantaje, en donde se exhiben marcas ilegales, productos caducados y cigarro suelto, pues ahí lo adquieren”.

El dirigente comercial afirmó que un sondeo que levantó Concomercio en Pequeño permitió identificar que “existen comercios que, por concepto de tabaco, están dejando de vender alrededor de mil 500 pesos diarios, pérdidas que se añaden a las de otros productos que se están dejando de vender por la carestía”.

Otro de los problemas, indicó, que se ha encontrado “es la confusión que priva tanto en negocios como en consumidores pues hay dueños o encargados de tiendas de abarrotes que piensan que la venta de cigarro quedó prohibida con el nuevo reglamento, lo cual es totalmente falso”.