El pasado 7 de febrero fue detenido en Sonora Ángelo o Luis Ángelo, por el delito de abigeato. Se introdujo sin autorización a un rancho cinegético ubicado en el municipio de Carbó. Allí mató un borrego cimarrón semental de ocho años. Los trabajadores del rancho fueron los que se percataron que faltaba un ejemplar. Iniciaron entonces su búsqueda y poco después encontraron parte de sus restos. Faltaba el cráneo y miembros anteriores y posteriores. El autor de la muerte de dicho animal, un peruano nacionalizado estadunidense, fue localizado porque divulgó en una red social varias fotos con el animal sin vida, mostrándolo como trofeo y portando armas para cacería. El ejemplar era parte del programa estatal de recuperación y reproducción de la especie. El delincuente fue puesto a disposición de un juez. Se desconoce la sanción que le impuso.
No se trató únicamente del delito de abigeato. Según el Código Penal Federal, se impone pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de 300 a 3 mil días multa, a quien ilícitamente realice actividades de caza, pesca o captura con un medio no permitido, de algún ejemplar de una especie de fauna silvestre. O ponga en riesgo su viabilidad biológica. Y el cimarrón se encuentra en protección especial según la NOM-059-Semarnat-2010.
Por su importancia científica, cultural y belleza, el borrego es apreciado regional, nacional e internacionalmente. Desde hace por lo menos medio siglo, las subespecies mexicanas del llamado Ovis canadensis figuran en la agenda gubernamental, en la de los interesados en evitar su extinción y en la de los que aspiran a matar algún ejemplar. Vale económicamente por ser el mamífero de caza norteamericano más buscado.
Roberto Martínez Gallardo, quien fue investigador de la Universidad Autónoma de Baja California, señalaba que el Ovis canadensis es el más grande de los borregos de Norteamérica. En vida silvestre vive hasta 11 o 12 años. Y en cautiverio hasta 20. Tiene siete subespecies, tres de ellas en México, donde habitan las sierras sonorenses y las de la península de Baja California. En 1990, a petición de la sociedad de esta entidad, el presidente Carlos Salinas decretó por dos años la veda total sobre dicha especie, pues su número decrecía peligrosamente. Se acordó también que las universidades estatales efectuaran estudios a fin de tener un diagnóstico certero sobre el borrego. La veda se cumplió, pero no así los estudios por falta de apoyos para desarrollarlos.
Cabe recordar cómo a fines de 1996 hubo gran indignación en Baja California porque la maestra Julia Carabias, entonces secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), se había comprometido a no subastar permisos para cazar ejemplares del Cimarrón, en tanto no tener los estudios que permitieran saber su estado. Mas el Instituto Nacional de Ecología (INE), presidido por el señor Gabriel Quadri, autorizó la subasta de tres permisos, uno de los cuales se hizo efectivo en el hotel Hilton de Reno, Estados Unidos. Las autoridades del INE esperaban venderlo en 300 mil dólares. Sólo obtuvieron 129 mil. Esa subasta sirvió para mostrar procederes encontrados entre funcionarios de una misma dependencia, mas permitió establecer políticas para garantizar la vida del borrego.
Su número aumenta desde entonces gracias a una política de conservación en Sonora y Baja California Sur, a través de Unidades de Manejo y Aprovechamiento de Vida Silvestre (UMA). No tanto en Baja California, donde hay caza ilegal. Además, ha habido apoyo, aunque insuficiente, para las investigaciones tantas veces postergadas; se instaló un Consejo de Vida Silvestre y se elaboró un programa de diversificación y protección para las áreas rurales donde habita el animal.
Cada año se fija el número de permisos para la temporada de caza. Varía entre 48 y 50 para ejemplares de vida silvestre, y de 100 a 110 para las en cautiverio. El costo del permiso oscila entre 35 mil y 70 mil dólares. Ello ha dado valor al cimarrón, al medio en que vive y a que los campesinos eviten su caza ilegal.
Mientras, otras especies están en México en peligro de extinguirse por la carencia de medidas efectivas de conservación.
