El decreto presidencial del pasado 13 de febrero, que prohíbe el cultivo del maíz transgénico, fortalece la veda a la siembra de este producto, vigente desde hace casi una década en el país, cuando un juzgado determinó aplicar esa medida precautoria para proteger el maíz nativo.

La veda surgió con una demanda de acción colectiva en contra de Monsanto y otras empresas.

El equipo jurídico de la demanda recordó que los permisos precomerciales y comerciales siguen suspendidos por mandato judicial hasta que se resuelva el juicio, por lo que, a pesar del nuevo decreto, “no bajaremos la guardia y esperamos próximamente obtener una sentencia favorable”.

En julio de 2013 presentaron la demanda de acción colectiva 53 personas y 20 organizaciones, en contra de las empresas de biotecnología Monsanto, Syngenta, Dow Agrosciences, PHI México y el gobierno federal, en particular las secretarías de Agricultura y Medio Ambiente, responsables del otorgamiento de los permisos de siembras.

Ese año estaban por autorizarse tres permisos, uno de ellos en 11 millones de hectáreas.

Ante la acción colectiva, un juzgado determinó establecer como medida cautelar la prohibición a la siembra de maíz transgénico, la cual fue ratificada por un tribunal de apelación, en 2016, y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2021.

Tras la publicación del decreto del 31 de diciembre de 2020, que prohibía la siembra del producto, sólo la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) manifestó ante tribunales federales su apoyo a la disposición, por lo que está obligada también a respaldar el más reciente, indicaron los abogados.

El decreto presidencial del 13 de febrero abroga al de hace dos años. Prohíbe utilizar el maíz transgénico en la alimentación humana, plantea la salida paulatina de su uso para forraje e industria y precisa que en caso de que se utilice para alimentación humana pueden presentarse denuncias, investigaciones y en su caso sanciones, indicó en un análisis el equipo jurídico de la demanda.

Apuntó que mientras no se emitan actos del Legislativo o el Poder Judicial que contradigan lo establecido en el ordenamiento, la protección al maíz nativo continúa. Ante ello, consideró “favorable esta medida que respalda y refuerza desde otra trinchera lo ganado en el juicio de acción colectiva”.