La Procuraduría General de la República de Nicaragua confiscó 16 apartamentos ubicados en el complejo habitacional Amazonia, en el barrio Reparto San Juan, de la capitalina Managua, de los cuales algunos pertenecen a los 94 opositores, a quienes el gobierno del presidente Daniel Ortega despojó la semana pasada de su nacionalidad, expropió sus pertenencias y acusó de “traición a la patria”, informó el diario Confidencial.

Uno de los departamentos confiscados fue el número 2, propiedad de la periodista Sofía Montenegro y de la activista Azáhalea Solís, del Movimiento Autónomo de Mujeres, acusadas por el gobierno. Las propietarias no se encontraban en su hogar a la hora del allanamiento, “por lo que permanecen en libertad”, según testigos citados por Confidencial.

Los agentes catearon este departamento entre las 17:30 y las 21 horas de antier, sin que se conozcan todavía los detalles de lo decomisado. Al final de la operación, los elementos se retiraron del lugar, sin ofrecer información y dejando a dos policías afuera del edificio.

Los dueños de la Amazonia tienen títulos individuales de sus propiedades desde 1990, que se encuentran inscritos en el Registro de la Propiedad, por lo que se desconoce el motivo de la confiscación.

El complejo habitacional se encuentra sometido a vigilancia policial “intermitente” desde 2019, a medida que el régimen fue escalando la represión contra todos aquellos que consideraba “objetivos políticos”, entre ellos Montenegro y Solís.

Rentas o te vas

Los titulares de los 16 apartamentos de Amazonia fueron citados el jueves pasado a una entrevista en la Procuraduría General de la República para notificarles sobre la incautación de sus propiedades por el Estado, destacó Confidencial.

Una funcionaria de la PGR informó verbalmente a los dueños de las casas –que les han pertenecido por más de 30 años– ahora son del Estado, a pesar que no existe ningún proceso o reclamo anterior que justifique la apropiación de los inmuebles.

Las opciones que la dependencia dio a los propietarios fueron pagar un arriendo mensual de 500 dólares para seguir en sus viviendas, o desalojar los apartamentos.

Con las 94 personas declaradas apátridas la semana pasada, ya son 316 los críticos del gobierno de Daniel Ortega a quienes se les canceló su nacionalidad nicaragüense. Las primeras fueron 222 presos políticos expulsados la semana pasada y acogidos por Estados Unidos.