Mérida, Yuc. Policías estatales y municipales de Izamal desalojaron violentamente a pobladores de Sitilpech que mantenían un bloqueo desde hace una semana en los accesos de la granja porcícola del corporativo Kekén, la cual reabrió sus puertas después de nueve meses de suspensión de actividades por orden de un juez, informaron ayer integrantes de la organización civil Kanan Dere-chos Humanos.

Cerca de las 3 de la madrugada del sábado entre 60 y 70 agentes antimotines arribaron al campamento instalado para evitar el ingreso a la granja porcícola, y con escudos y toletes golpearon a los más de 100 inconformes, entre ellos mujeres y niños, señalaron.

La organización civil acusó que los uniformados se robaron sillas, mesas, dinero y sus teléfonos celulares para “evitar que grabaran la agresión e incomunicarlos”.

Todo empezó cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública acompañaron la entrada de camiones con alimentos para cerdos a la granja porcina Kancabchén II.

Aunque los inconformes trataron de oponerse, sólo ingresaron los automotores y, de inmediato, el tramo carretero donde tenían el bloqueo volvió a ser cerrado por integrantes del grupo campesino La Esperanza.

De manera extraoficial trascendió que la gerencia administrativa de la granja habría solicitado la in-tervención de las fuerzas de seguridad debido a que la protesta impedía hacer llegar los suministros.

Los elementos policíacos arribaron al lugar para desmantelar el campamento. “No hubo ningún intento de diálogo; llegaron directamente a golpear. Los comandantes del grupo antimotines dijeron a los pobladores que acudieron por órdenes del gobernador del estado (el panista Mauricio Vila) para abrir paso y que entraran los camiones con alimento”, comentó Miguel Anguas, de Kanan Derechos Humanos.

Los habitantes de la comunidad maya de Sitilpech se han organizado desde 2021 en contra de la megagranja de 48 mil cerdos que se instaló a un kilómetro de su territorio, debido a los problemas graves de contaminación de cenotes y pozos de agua de los que dependen sus cultivos, el ecosistema y la salud de las personas.

La demanda de amparo fue presentada el 25 de mayo de 2021 ante el juzgado primero de distrito en materia mixta de Mérida, bajo el expediente JA/887/221-IV. Posteriormente, un juez concedió el amparo que dejó inmovilizada la granja por nueve meses. No obstante, la medida cautelar fue desechada por el magistrado Eden Wynter García en enero pasado, y hace dos semanas reiniciaron las operaciones.

El juez justificó que el amparo se interpuso en “destiempo, que debimos demandar cuando apenas abrió la granja, resolución que ignora que la contaminación es algo que ocurre y que vivimos todos los días, y nos parece ridículo que tengamos que aguantar la contaminación por este hecho”, explicó por su lado el Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán.

“Toda nuestra solidaridad y respaldo al pueblo de Sitilpech y a Kanan Derechos Humanos por la estigmatización, represión, asedio y violencia física que sufren por su defensa del territorio y el agua.

“Estamos unidos por una sola causa: el bienestar del pueblo, las autoridades vinieron a cuidar el camión de cerdos y no al pueblo; la policía es para proteger a los ciudadanos, pero parece que es lo contrario”, manifestó la organización civil.

Por su parte, el grupo Indignación, que ha liderado varias protestas en los últimos tres años contra granjas porcícolas asentadas en comunidades mayas locales, en un breve comunicado mostró su solidaridad con La Esperanza de Sitilpech, “cuyo campamento fue desalojado en la madrugada de hoy 18 de febrero de 2023 por policías de Izamal y de la Sspyuc, y enfrenta represión y hostilidad por defender sus derechos.

“Deploramos la represión y el uso de la fuerza y exigimos respeto irrestricto al derecho de manifestación y organización”, destacó el grupo no gubernamental.

Se quejan empresarios

Por su parte, el presidente de la Asociación Ganadera Local de Porcicultores de Yucatán, Carlos Ramayo Navarrete, condenó el bloqueo a la granja porcícola de Sitilpech, por ejidatarios de la misma comunidad, pero alentados “por supuestos activistas que atentan contra empleos, derrama económica y oportunidades de crecimiento en la entidad”.

El dirigente afirmó que dichas agrupaciones argumentan, “sin bases fundamentadas”, la defensa del medio ambiente para afectar a un sector que contribuye a la dinámica económica de Yucatán con una derrama anual de 4 mil 700 millones de pesos y generadora de 12 mil fuentes de trabajo directas y 36 mil indirectas para las familias, sobre todo de las zonas mayas.

“No es válido que en aras de un supuesto activismo se afecten derechos fundamentales como el empleo de esta comunidad (Sitilpech) y los pobladores de al menos 75 municipios yucatecos que se ven beneficiados con la actividad porcícola”, destacó.

Con información de Jared Laureles